Camila Martínez, quien lleva la estrategia de comunicación en Morena, denunció que suspendieron la cuenta del Grupo Parlamentario de su partido en X. Tomó el hecho como una señal de que su bancada en la CDMX está enfrentando a intereses poderosos, sobre todo por cuestionar a Ricardo Salinas Pliego. Para ella, el ataque se reflejó en una oleada de cuentas automatizadas, una reacción que atribuye a sectores empresariales incapaces de tolerar críticas.
Pero el asunto no se quedó solo en esa narrativa de víctima frente a “los señores del dinero”, porque desde dentro del propio morenismo comenzó a circular una respuesta distinta. Varios perfiles del partido consideraron que la suspensión no fue casualidad ni parte de una conspiración externa, sino consecuencia de haber compartido información falsa y tener prácticas agresivas en redes. Hay quienes señalan que durante la campaña nunca se cruzaron ciertos límites, y que siempre se trabajó con documentos y pruebas concretas cuando el enfrentamiento era con la oposición tradicional. En contraste, aseguran que ahora se volvió costumbre recurrir a la exageración y a materiales fabricados como mecanismo de ataque.
También salió a relucir un reclamo más personal y viejo: la idea de que algunos cuadros solo leen guiones preparados por equipos de investigación que no reciben reconocimiento, y que se aprovechan del trabajo de otros sin agradecer ni construir un criterio propio. Entre los morenistas críticos hay molestia con una nueva camada que entra a la política con poco trasfondo, creyendo que la juventud y el sello del partido bastan para librarse de la responsabilidad o el rigor en la comunicación.
Al final, lo que parecía un caso más de “censura de plataformas” terminó destapando una pelea interna sobre métodos, ética digital y la manera de hacer política dentro del partido oficialista
Cuando el orden pisa cabezas
El enfrentamiento entre comerciantes ambulantes e inspectores municipales en el Centro Histórico de Querétaro dejó una imagen que difícilmente se borrará: un funcionario pisando la cabeza de un vendedor tirado en el suelo.
Podemos discutir los acuerdos previos, los lugares asignados, los oficios entregados y las reglas del llamado Plan Orden. Todo eso es importante. Pero nada de eso justifica que la autoridad, que debería ser la primera obligada a contener los ánimos, termine convertida en protagonista de una escena que rebasa la línea del uso legítimo de la fuerza y se instala en el terreno de la humillación.
Porque sí, hubo golpes de los dos lados. Hay videos donde se ve a comerciantes agrediendo a inspectores, y el saldo de funcionarios lesionados está documentado. Nadie puede defender eso. Pero también es cierto que no hay simetría de poder entre quien sale a vender para sobrevivir y quien sale a “aplicar el reglamento” protegido por un chaleco, un operativo y la fuerza del Estado detrás.
Ahí es donde la balanza se inclina.
El ambulante defiende su mercancía, su ingreso del día, su renta, la comida de su familia. El inspector representa una administración que tomó la decisión política de endurecer la mano en el Centro Histórico. No son dos ciudadanos peleando a ras de piso; es el Estado confrontando a un sector que ya vive en la informalidad y en la incertidumbre.
El video del funcionario pisando la cabeza del vendedor sintetiza esa desigualdad. No es sólo un exceso individual: es el símbolo de un enfoque que ve a los comerciantes como problema por erradicar y no como personas con nombre, rostro e historias detrás de cada puesto.
La autoridad municipal ha anunciado denuncias penales contra los comerciantes y una “investigación” sobre la actuación del servidor público captado en cámara. Bien, es lo mínimo. Pero si la respuesta se queda sólo en castigar a unos cuantos y en justificar el operativo como “necesario para recuperar el orden”, el mensaje será claro: el orden importa más que la dignidad.
Querétaro merece un Centro Histórico limpio, seguro y transitable. Nadie discute eso. Lo que sí debemos discutir es cómo se construye ese orden:
• ¿A partir del diálogo, la reubicación real y opciones de ingreso?
• ¿O a partir de decomisos sorpresivos, empujones y botas sobre la cabeza de quienes estorban a la postal turística?
La administración de Felifer Macías tiene la oportunidad —y la obligación— de enviar una señal distinta. No basta con decir que “se investiga” a un funcionario. Hace falta revisar protocolos, transparentar las órdenes dadas ese día, escuchar públicamente a los artesanos y reconocer que cuando una persona queda en el suelo, con la cabeza bajo la suela de un servidor público, el Estado ha cruzado un límite.
Poner orden no significa aplastar.
Aplicar el reglamento no implica despojar de dignidad a nadie.
Si algo nos deja este episodio es la necesidad de mirar un poco más del lado de la gente que vive al día, que camina con su mesa plegable, sus artesanías y su bocina, y que muchas veces sólo encuentra en la calle el espacio que la formalidad le ha negado. Porque cuando el “orden” se impone así, lo que termina lastimado no es sólo la cabeza de un vendedor: es la confianza en la autoridad.
Y esa, a diferencia de la mercancía decomisada, no se recupera tan fácil.