Esthela Damián Peralta y su nombramiento como nueva consejera jurídica de la Presidencia no pasan desapercibidos. Aunque oficialmente se vende como un perfil técnico y con trayectoria en derechos humanos, dentro de Morena el movimiento se lee más como un reacomodo de poder que como un simple cambio administrativo.
El comentario recurrente es que su llegada fortalece a un grupo muy específico, cercano a Claudia Sheinbaum, y desplaza a perfiles que venían operando la Consejería con mayor margen político propio. No pocos dicen que el mensaje es claro: la Consejería Jurídica deja de ser un espacio de negociación y se convierte en una oficina de control fino, especialmente de cara a los conflictos legales que se vienen en el nuevo sexenio.
También ha generado ruido el hecho de que Damián tenga experiencia directa en temas sensibles —violencia, derechos humanos, estructura normativa— justo cuando el gobierno federal enfrenta litigios incómodos, presiones internacionales y reformas que seguramente terminarán en tribunales. Para algunos, no es casualidad: se necesitaba a alguien que supiera cerrar filas jurídicas sin hacer ruido político.
En corto, el nombramiento se interpreta como una señal de blindaje legal anticipado y de disciplina interna. No es una figura para los reflectores, pero sí para apagar incendios… y en Palacio saben que los incendios apenas van empezando