Venezuela vive desde hace años una simulación democrática que derivó en un régimen autoritario. Las elecciones de 1998 reflejaron un hartazgo social profundo frente a la pobreza, la corrupción y los problemas estructurales acumulados desde la década de 1970. En ese contexto emergió la figura de Hugo Chávez Frías, quien prometió una transformación de fondo del país. Esa transformación, sin embargo, nunca se materializó.
A partir de 1999 comenzó un proceso gradual de concentración del poder. La autodenominada Revolución Bolivariana, lejos de modernizar al país y aprovechar la renta petrolera para fortalecer instituciones, optó por gobernar con improvisación y una creciente dependencia del estamento militar. En ese camino se erosionaron libertades, se modificó la Constitución —redactada por el propio movimiento— y se habilitó la reelección indefinida en beneficio de una sola figura: Chávez.
La enfermedad que finalmente terminó con su vida también puso fin a su permanencia en el poder. Con ello inició la crisis interna del propio chavismo, acentuada con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia. A partir de entonces se volvió sistemática la violación del marco legal venezolano, incluida la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que nunca elaboró una nueva Constitución y que tuvo como objetivo central desplazar a la Asamblea Nacional electa y controlada por la oposición. A ello se sumó el proceso electoral de 2024, cuyos resultados completos nunca fueron presentados de manera transparente.
Intentar condensar 26 años de deterioro institucional en unas cuantas líneas es complejo. El saldo incluye violaciones sistemáticas a los derechos humanos, expropiaciones arbitrarias, corrupción estructural y, de manera especialmente grave, la expulsión de millones de venezolanos que se vieron forzados a abandonar su país por razones económicas, políticas o simplemente por no alinearse con la cúpula que se autodefine como “cívico-militar”.
En 2014 realicé trabajo periodístico en Venezuela para Grupo Fórmula. Contábamos con permiso y acreditación del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación; aun así, estuvimos a punto de ser linchados por grupos conocidos como “colectivos por la paz y la dignidad” en el centro de Caracas. Permanecimos cerca de tres horas retenidos, de facto privados de la libertad, en una delegación policial bajo el argumento de no contar con un permiso municipal, pese a que el aval nacional sí existía. Finalmente fuimos liberados. El mensaje fue claro: una advertencia explícita sobre lo que se puede y no se puede decir, incluso siendo periodistas extranjeros. Fue una experiencia directa de la censura y la persecución bajo el régimen.
Regresé a Venezuela en 2021, invitado por la aerolínea estatal CONVIASA, a través de mi amigo Armando Bojórquez, con un enfoque distinto: periodismo turístico. Visité Canaima, uno de los destinos naturales más impresionantes del mundo, y realizamos varios reportajes. De vuelta en Caracas, pasé nuevamente por el sitio donde años antes habíamos sido agredidos. El régimen ya estaba plenamente consolidado y la censura seguía intacta. De manera reveladora, en el vuelo inaugural Caracas–AIFA surgió un conflicto con quien coordinaba la fuente del sector turístico en Venezuela, al exigir preguntas previamente autorizadas y limitar el acceso informativo. El trabajo periodístico solo pudo ejercerse con normalidad una vez en territorio mexicano.
En 2022 acudí a cubrir una cumbre de AVAVIT, la asociación de agentes de viajes venezolanos. El panorama era el mismo: un gobierno autoritario, cada vez más rígido en el discurso y cada vez más frágil en la realidad.
En años recientes entrevisté a las dos últimas ministras de Turismo de Venezuela, incluida Leticia Gómez, quien mostraba compromiso con el sector, aunque reproducía el discurso oficial de normalidad. La realidad, sin embargo, ha sido otra: viajar a Venezuela como destino turístico internacional se ha vuelto progresivamente más complejo.
En el contexto de las amenazas y la presión internacional, se produjo la salida forzada de Maduro del centro del poder, en una operación que ha sido comparada con acciones realizadas por Estados Unidos en la región en décadas pasadas, como el caso de Panamá en 1989. Cualquier intervención directa de Estados Unidos en un país latinoamericano es riesgosa e inaceptable. Al mismo tiempo, la continuidad de Maduro resultaba insostenible frente a la crisis interna venezolana.
La pregunta es inevitable: ¿era necesaria la salida de Maduro? Sí. ¿Debe celebrarse una intervención extranjera? No, bajo ninguna circunstancia. El escenario es complejo. Mientras Delcy Rodríguez activa un plan de contingencia que a todas luces, no se explica ni se entiende, por otro lado Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del régimen, condena los hechos sin referirse directamente al propio Maduro.
La figura fue removida. El presidente Donald Trump se presentó en conferencia de prensa como el “libertador” de Venezuela, anunció la intención de establecer un gobierno de transición bajo tutela de Estados Unidos e incluso habló de “devolver” lo que —según sus palabras— les fue robado: el petróleo venezolano.
Se abren tiempos complejos. El multilateralismo atraviesa una crisis evidente, mientras se registran violaciones sistemáticas al derecho internacional sin consecuencias claras. Será indispensable observar con atención lo que ocurra en Venezuela, especialmente mientras la presencia de Estados Unidos y de sus empresas petroleras tenga un papel directo en el país.
Resulta particularmente contundente el mensaje publicado en X por Maca Carriedo: “Estar contra Maduro no te obliga a aplaudir a Trump. Y criticar a Trump no te convierte en defensor de Maduro. Ahora resulta que hay que escoger entre gonorrea o sífilis..” La disyuntiva que algunos intentan imponer —escoger entre dos opciones igualmente indeseables— revela el empobrecimiento del debate y la falsa urgencia de tomar partido entre extremos.