Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de CDMX, anda moviendo las aguas. En chats de WhatsApp y redes sociales comenzó a circular que la funcionaria estaría promoviendo la protesta de esta noche contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este activismo, como el de algunos trabajadores públicos, no pasó desapercibido y de inmediato encendió focos rojos en el ámbito diplomático, justo cuando la Cancillería mexicana y figuras clave como Roberto Velasco, Christopher Landau y la Secretaría de Relaciones Exteriores insisten públicamente en una línea de prudencia y contención. La pregunta que ya corre en corto es inevitable: ¿Esta postura representa realmente la línea del gobierno federal o es un movimiento que complica, innecesariamente, la relación con Washington? Más aún porque, apenas hace unos días, durante un desayuno de Morena con medios, un periodista español cuestionó directamente a Luisa María Alcalde y a Camila Martínez sobre la posibilidad de movilizaciones en 2026 en defensa de la soberanía de Venezuela ante las presiones de Trump. Ambas fueron claras: el movimiento no impulsaría protestas, aunque sí se mantendría alineado con las declaraciones institucionales de la presidenta Sheinbaum. Por eso el ruido crece. ¿Quién está calentando la calle cuando desde arriba piden cabeza fría? ¿Quién le anda azuzando el avispero a Landau para que voltee a estas convocatorias? En política, ya se sabe: no evitar algo también es una forma de decir mucho. Y aquí, el mensaje empieza a incomodar.
Habría que alertar a Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre lo que está pasando con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), ya que se está utilizando por quienes lo manejan como presunta medida de presión para empresarios, ya que a algunos inversores se les retiran dichos permisos para favorecer a otras empresas, y en otros casos denunciantes anónimos afirman que se les cobra para regresarlos al directorio y que puedan así seguir con sus contratos.
Sobre todo con el sector limpieza, en donde el proveedor de estos servicios, Marcó Antonio Jesús Reyes Saldívar ha sido señalado en diversas publicaciones y observado por contraloras en actos de presunta corrupción, en favor de las empresas afiliadas o recurrentes a la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República Mexicana