Lenia Batres, ministra de la SCJN, pide en la Corte legalizar la violencia del bloque negro. ¿Es en serio? En su sesión de ayer, la ministra Lenia Batres sorprendió a todos sus colegas al mostrar su abierto apoyo a los manifestantes que integran el ‘bloque negro’, ya que propuso declarar inconstitucional una norma que permite a las policías intervenir cuando los manifestantes cometen delitos o infracciones administrativas. Afortunadamente, prevaleció la cordura y la mayoría no la apoyó en legalizar los ataques de los manifestantes violentos. ¿A quién se busca proteger?
Genaro Lozano, embajador de México en Roma, regresó al país para participar en la Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, encuentro que además marcó la reaparición pública del canciller Juan Ramón de la Fuente.
Aprovechando la visita, el también personaje televisivo se dio una vuelta por el Centro Histórico, donde fungió como guía improvisado —en italiano incluido— para sus seguidores en redes sociales. Todo muy cultural, muy europeo… justo en los días en que comenzaron a circular señalamientos sobre sus relojes Rolex y propiedades inmobiliarias.
Pero lejos de guardar perfil bajo, Lozano optó por el camino contrario: siguió subiendo contenido, echando la lengua a pacer y, como remate, se dejó ver muy sonriente junto a la jefa del Estado, imagen que no tardó en presumir en Instagram.
Mientras en algunos círculos se preguntan si el momento era el más adecuado, él, tan pancho, dejó claro que por ahora no piensa esconderse… ni los relojes ni las fotos.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dejó caer un mensaje que en Chiapas no pasó desapercibido. En plena Mañanera del Pueblo, la mandataria se comprometió públicamente a revisar las irregularidades documentadas por el Gobierno de Chiapas en una denuncia que apunta directo a Pepe Cruz, hoy senador y presidente de la Comisión de Salud.
El señalamiento no es menor. La denuncia se refiere a su gestión al frente de la Secretaría de Salud de Chiapas entre 2018 y 2024, periodo en el que —según lo documentado— se habrían detectado anomalías administrativas que ahora buscan seguimiento federal.
Lo que llama la atención es el momento. Pepe Cruz ya dejó el escritorio estatal y hoy despacha desde el Senado, pero la revisión prometida por Sheinbaum deja claro que el fuero político no blinda expedientes incómodos. En Chiapas, más de uno leyó el mensaje como un aviso: los pendientes del pasado pueden alcanzar incluso a quienes hoy presumen cargo nacional.
Por lo pronto, la pelota quedó en la cancha federal y el caso, que muchos creían archivado, volvió a ponerse sobre la mesa… con micrófono presidencial de por medio.
Lorena Josefina Pérez Romo decidió hacerse a un lado del Órgano de Administración Judicial (OAJ), cargo al que había llegado por designación de la nueva Corte. La salida no pasó desapercibida.
No es cualquier nombre: fue candidata a ministra y perdió, además de ser considerada muy cercana a Arturo Zaldívar, el exministro que dejó la Suprema Corte en medio de la reconfiguración del Poder Judicial.
Ahora, sin demasiadas explicaciones públicas, Pérez Romo se va del OAJ. Y ya se sabe: cuando el río suena, es porque algo pesado se mueve debajo.
En los pasillos judiciales crece la lectura de que Zaldívar está perdiendo fuerza —y rápido— dentro del nuevo esquema judicial. Los movimientos recientes apuntan a que el poder que le fue concedido con la llamada reforma judicial se le está escurriendo de las manos. Las salidas hablan. Y esta, dicen, no es menor.
Alejandra María Ang Hernández, diputada de Morena en Baja California, pasó un momento incómodo —y muy comentado— en la garita de Calexico, donde fue retenida por autoridades estadounidenses al intentar cruzar con 40 mil dólares en efectivo sin declarar.
El dinero superaba el umbral permitido por ley en Estados Unidos, por lo que se activó el protocolo. Tras hacerse público el caso, la legisladora salió a dar su versión: dijo que fue “un error”, que no resguardó el efectivo en su casa antes de cruzar y que el dinero era para la compra de un vehículo.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, Ang aseguró que los recursos son personales, producto de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil, y que ya está atendiendo el proceso administrativo para documentar y recuperar el dinero. También subrayó que sus documentos no fueron retirados ni revocados y que está cooperando plenamente con las autoridades.
Eso sí, en los corrillos políticos ya se comenta que el episodio llega en mal momento para Morena en Baja California, justo cuando el discurso oficial insiste en legalidad, austeridad y transparencia. Porque aunque diga que fue un descuido, cruzar la frontera con 40 mil dólares en efectivo nunca pasa desapercibido.
Y como suele ocurrir en estos casos, más allá de lo legal, el costo político ya empezó a correr.