Comprar un boleto para un concierto, un partido o un festival debería ser algo sencillo: eliges, pagas y disfrutas. En México, en cambio, se ha vuelto una experiencia cansada, confusa y muchas veces abusiva. El problema no es el espectáculo, es el sistema que controla la venta de boletos y decide quién entra, cuánto paga y en qué condiciones.
Hoy, el negocio de los grandes espectáculos está en pocas manos. OCESA organiza muchos de los eventos más importantes del país, mientras que concentra la venta de boletos. Este control casi total del mercado no solo define quién vende, sino cómo se vende: precios que cambian sin aviso, preventas exclusivas, paquetes “VIP” y una larga lista de cargos extra que inflan el precio final. La competencia es poca y las opciones para el público, casi nulas.
El resultado es una experiencia hecha para confundir. Filas virtuales eternas, mapas de asientos poco claros y casi ninguna información completa desde el inicio. El precio parece razonable hasta el último paso de la compra, cuando aparecen los cargos adicionales. El boleto deja de costar lo que prometía y el consumidor queda atrapado: paga lo que le cobran o se queda fuera del evento.
Este modelo no es nuevo. En los años noventa, la banda de rock Pearl Jam intentó organizar conciertos gratuitos para sus fans. Ticketmaster les exigió cobrar un “cargo de servicio”, aun cuando el evento no tenía costo. La banda intentó vender boletos por su cuenta, pero se topó con un problema mayor: muchos recintos importantes tenían contratos exclusivos con la boletera. En 1994, la banda denunció esta práctica ante las autoridades de Estados Unidos y perdieron. El negocio resultó más poderoso y grande que ellos.
Treinta años después, el problema sigue casi igual, pero con menos reglas claras. En México, las leyes no han avanzado al ritmo de la industria. No es obligatorio mostrar el precio final desde el principio, no hay límites claros a las comisiones, la reventa opera sin control y los reembolsos, cuando hay cancelaciones o cambios, suelen ser lentos o inexistentes. El consumidor queda desprotegido frente a plataformas que hacen lo que quieren.
Poner reglas a las boleteras no es estar en contra de la cultura ni del entretenimiento. Es defender el derecho de la gente a disfrutarlo sin abusos. Desde el Congreso, Movimiento Ciudadano impulsa una propuesta sencilla y justa: que el precio real se muestre desde el inicio, que las comisiones no sean un cobro escondido, que la reventa deje de ser un negocio abusivo y que los reembolsos sean claros y rápidos. En pocas palabras, que las boleteras cumplan la ley como cualquier otro servicio.
La Ciudad de México es una capital vibrante en cultura, música y deportes; y su gente llena foros y estadios porque quiere vivir experiencias, no porque esté dispuesta a aguantar abusos. Cuando entrar a un espectáculo se convierte en un negocio sin reglas, el abuso se normaliza. Regular a las boleteras es poner a las personas primero y terminar con prácticas que hoy cobran de más sin dar explicaciones.
