Hace unos días, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lanzó una propuesta que de inmediato encendió el debate público: “sería muy bueno un gran acuerdo con los medios para bajarle a la nota roja… entre todos debemos contribuir a mejorar la percepción de inseguridad”. La frase, más allá de la polémica, revela una confusión de fondo: suponer que el problema principal de la inseguridad es cómo se cuenta, y no lo que ocurre en las calles.
Es cierto que el gobierno presume una disminución en algunos delitos. Pero también es cierto que la percepción de inseguridad se mantiene alta. No porque los medios “exageren”, sino porque la realidad cotidiana sigue siendo dura para millones de personas. Aquí entra un dato clave que rara vez se discute con honestidad: la llamada cifra negra. De acuerdo con la ENVIPE, en la Ciudad de México, alrededor del 92.6% de los delitos no se denuncian. Es decir, nueve de cada diez delitos nunca aparecen en las estadísticas oficiales.
Esta brecha entre cifras gubernamentales y experiencia ciudadana explica mucho mejor la percepción de inseguridad que cualquier titular. La gente no denuncia porque no confía en las autoridades, porque teme represalias o porque sabe que el proceso no resultará en justicia. Ese miedo no lo generan los medios: lo produce un sistema que no responde. Pretender que “bajándole” a la nota roja mejorará la percepción es confundir el síntoma con la enfermedad.
Proponer un pacto con los medios para “suavizar” la cobertura de la violencia puede sonar a buena intención, pero huele peligrosamente a censura mediática. No es callando lo que pasa como se construye seguridad. Es como esconder la basura debajo del tapete: la casa se ve más limpia, pero el problema sigue ahí.
No es casual que, tras la reacción de los medios de comunicación, la Jefa de Gobierno haya dicho al día siguiente que fue “malinterpretada”. Más que un problema de comunicación, lo que asoma es la tentación de ajustar el relato cuando la realidad ya no cabe en la narrativa oficial. Y eso es riesgoso: cuando el poder intenta moldear la percepción antes que transformar la realidad, el vínculo entre hechos y discurso se rompe.
La filósofa Hannah Arendt advertía que cuando los gobiernos buscan construir realidades paralelas desde la propaganda, no es la información lo que se ordena, sino la conciencia pública.
Hay ejemplos en el mundo de cómo enfrentar la violencia sin esconderla. En Palermo, Italia, una ciudad que durante décadas estuvo marcada por el dominio de la mafia, no optaron por maquillar su problema. Bajo el liderazgo del alcalde Leoluca Orlando, la ciudad decidió enfrentar su realidad con verdad, legalidad y participación social. Medios, autoridades y ciudadanía construyeron un pacto por la legalidad, no por el silencio.
Recuperaron espacios públicos, fortalecieron la denuncia, reconstruyeron la confianza en las instituciones y apostaron por la cultura y la memoria como herramientas contra la violencia. No se trató de esconder el problema, sino de mirarlo de frente para transformarlo.
La lección es clara: antes de pedirle a los medios que “bajen el tono”, el gobierno tiene que subir el nivel de sus resultados. La percepción de inseguridad no cambia con menos titulares, sino con más justicia. No se combate el miedo ocultándolo, sino dándole razones reales a la gente para no tenerlo.
Un verdadero acuerdo con los medios solo tiene sentido después de que exista una política de seguridad que funcione. Un pacto para informar con contexto, responsabilidad y veracidad, no para suavizar la realidad. Porque una sociedad informada es una sociedad más fuerte; una sociedad silenciada es una sociedad más vulnerable.
La seguridad no vuelve con relatos cómodos. Vuelve con estrategia, con legalidad y con instituciones que funcionen. La seguridad no se maquilla: se construye.