Los carnavales transforman las calles de Iztapalapa en un despliegue de color con sus carnavales. En barrios emblemáticos como Santa Martha Acatitla o Santa Cruz Meyehualco, la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX cobra vida entre comparsas, chinelos y charros.
Sin embargo, detrás del brillo de las lentejuelas está el riesgo de desvirtuar la fiesta con la costumbre de realizar detonaciones al aire, un “festejo” que marca el límite de la incivilidad urbana.
Los datos de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI indican que siete de cada diez conflictos ciudadanos ocurren entre vecinos, y el sonido de disparos es ya la quinta incivilidad más reportada.
No se trata de una percepción subjetiva ni de un ataque a las tradiciones; es una realidad estadística. Este año, los servicios de emergencia atendidos desde el C5, principalmente a través de la línea 9-1-1, han recibido 73 reportes por lesiones por arma de fuego.
En un entorno denso como el generado en los carnavales, una bala perdida no es una tradición, sino un delito que rompe el tejido social.
Ante este escenario, la política pública ha tenido que evolucionar del simple permiso al acuerdo de seguridad. Desde su gestión como alcaldesa y ahora como Jefa de Gobierno, Clara Brugada ha impulsado convenios que buscan salvar la esencia del carnaval mediante la corresponsabilidad.
El acuerdo firmado este año entre la alcaldía y las comparsas es claro: prohibición de alcohol en la vía pública y un compromiso contra los disparos al aire. Es un intento por recuperar el orden público sin asfixiar la cultura, pero el éxito no depende solo del despliegue policial, sino de la madurez de los participantes.
La preservación del patrimonio requiere armonía. El valor de la máscara y el baile pierde sentido cuando la seguridad de las familias se ve comprometida por quienes confunden libertad festiva con impunidad.
Fortalecer la cultura cívica es el camino para que el carnaval sobreviva como un espacio de unidad y orgullo local.