La eliminación de los fideicomisos cinematográficos durante el gobierno de López Obrador terminó como otro ejemplo de política pública mal ejecutada. Cuando en 2020 se extinguieron Fidecine y Foprocine, el discurso oficial habló de austeridad y transparencia, mientras las advertencias del sector se calificaron como exageraciones. Hoy, la orden de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restablecer un mecanismo fiduciario confirma que la decisión fue absurda.
Desde entonces ya se veía el riesgo de romper contratos, frenar producciones y debilitar la planeación financiera del cine nacional. Eso ocurrió. Productores independientes enfrentaron meses de incertidumbre mientras el gobierno improvisaba esquemas desde el Instituto Mexicano de Cinematografía que nunca ofrecieron la misma previsibilidad. La corrección ordenada por la Corte llegó tarde para proyectos que se detuvieron, se encarecieron o simplemente se perdieron.
El problema fue político. Se aplicó un recorte parejo a un sector que vive de reglas claras y financiamiento de largo plazo. En vez de arreglar lo que podía mejorarse, la administración optó por desmontar herramientas que sí estaban dando resultados en presencia internacional y formación de nuevos talentos. El daño fue real y todavía se resiente en la industria.
El gobierno ha querido presentar el nuevo fideicomiso como si fuera iniciativa propia. No lo es. El mecanismo existe porque un tribunal obligó a corregir el rumbo. Primero se desarmó el sistema de apoyo al cine y después se intentó vender su reconstrucción como logro.
La incongruencia salta a la vista. Si los fideicomisos eran tan innecesarios y opacos como se dijo en 2020, resulta poco creíble celebrar hoy un instrumento casi equivalente. Lo único que cambió fue la presión legal y el costo político de sostener el error.
El nuevo fideicomiso puede ayudar a contener el daño, pero no borra la improvisación ni la desconfianza que se generó. La política cultural no se puede manejar a golpes de ocurrencias. Cuando el gobierno corrige solo después de perder en tribunales, termina reconstruyendo, más caro y con menos credibilidad, lo que nunca debió destruir. Al tiempo…
DETALLES. El secuestro y asesinato de una pareja en Chignahuapan, Puebla, vuelve a exhibir la distancia entre el discurso oficial y la realidad; mientras se inauguran calles con el nombre de López Obrador, la violencia sigue mandando. No hay seguridad real ni justicia efectiva.
Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN y Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).