La reforma electoral que impulsa el gobierno federal surge en medio de una creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en las campañas, el financiamiento ilícito y la impunidad de actores de alto nivel. Pese a que existen pruebas de la participación del crimen organizado en procesos electorales, no se han fincado responsabilidades políticas firmes ni se han aplicado sanciones.
El PAN no se sentará a negociar ninguna reforma electoral que no tenga como eje el combate frontal a la infiltración criminal y al financiamiento ilícito de campañas. Sin sanciones reales —como la nulidad de elecciones financiadas con dinero criminal, la pérdida de registro a partidos que postulen candidatos vinculados al delito y mecanismos estrictos para detectar recursos ilegales— cualquier reforma sería una simulación.
También resulta cuestionable la propuesta de Morena para reducir el financiamiento público. ¿Por qué ahora? Conviene recordar que, cuando la reducción afectaba sus intereses, litigaron para conservar prerrogativas. La razón es política pues el oficialismo impulsa la disminución porque ya no depende del financiamiento público. Reducir el dinero legal sin cerrar el paso al ilegal abre un abismo en la equidad electoral. Si un partido puede sustituir recursos públicos con dinero de origen criminal, la medida distorsiona el sistema.
Lo que está en juego es de fondo. Aprobar una reforma que ignore el financiamiento ilícito equivale a normalizar la posible captura criminal de la política.
El PAN no participará en ninguna negociación que no incluya mecanismos estrictos para detectar dinero ilícito en campañas, fiscalización en tiempo real con acceso a inteligencia financiera, nulidad de elecciones cuando se acredite financiamiento criminal, pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados al crimen organizado y responsabilidad penal y electoral para dirigentes que avalen esas candidaturas. Al tiempo…
DETALLES. La ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán marcó un punto de quiebre al provocar la muerte del líder supremo, Ali Jamenei, durante los bombardeos sobre objetivos en Teherán. El hecho sacude la estructura de poder iraní y eleva al máximo la tensión regional, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.
Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN y Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).