Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, en medio del runrún por supuestas cancelaciones masivas de habitaciones rumbo al Mundial, salió a apagar el incendio. Desde su trinchera aseguró que es falso el número de cancelaciones que ha circulado en versiones extraoficiales. Según explicó, los movimientos que sí se registraron no obedecen a una crisis turística, sino a la logística futbolera: varios aficionados habían reservado con anticipación esperando que su selección jugara en México, pero al confirmarse las sedes oficiales decidieron mover sus hospedajes a otras ciudades. En corto, el mensaje fue claro: no hay desbandada, solo ajustes de agenda mundialista. Aunque en los pasillos políticos el tema ya empezaba a oler a gol en contra.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, tuvo que lidiar con la iniciativa de Reforma Electoral. Testigos aseguran que, al recibir el documento, la senadora pasó de la sonrisa habitual a un gesto mucho más serio. Con voz entrecortada y movimientos nerviosos, comenzó a fijar postura entre argumentos atropellados y críticas apresuradas. El trasfondo político no es menor: la propuesta pone sobre la mesa cambios que podrían modificar las reglas de acceso al Congreso, especialmente en lo que respecta a las posiciones plurinominales. Y ahí es donde varios ven la verdadera incomodidad. En el tablero político se comenta que, de prosperar la reforma, más de un perfil acostumbrado a la ruta segura tendría que medir fuerzas directamente en las urnas. Y eso, dicen, cambia por completo el juego.
El pulso por la ASF: En San Lázaro comenzó a subir la temperatura rumbo a la definición de la nueva titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Lo que inició como un proceso técnico empieza a moverse con filtraciones y algunas versiones interesadas que buscan descarrilar perfiles. En el centro de las versiones aparece la magistrada anticorrupción Natalia Téllez Torres Orozco, contra quien en días recientes se ha intentado instalar la idea de una supuesta inelegibilidad por haber participado en el proceso electoral judicial. En respuesta, la aludida sostiene que esa interpretación carece de sustento constitucional. En los pasillos legislativos la lectura es buena: su perfil técnico y los casi 2.5 millones de votos que obtuvo en su aspiración a la Suprema Corte la convirtieron en una candidata competitiva para encabezar la ASF.
