Karina Barrón empezó su andar político en el PAN, luego saltó al PRI y, hasta hace unos días, cobraba plácidamente como una funcionaria de primer nivel en el gobierno municipal de Adrián de la Garza en Monterrey. Corrupción, trampa y oportunismo parecen ser las palabras cinceladas en su currículum. Y ojo, que no por nada en los pasillos de la política regia ya le habían colgado el nada honroso sobrenombre de “Karina Traición”. Bien ganado a pulso.
Este fin de semana, la realidad la alcanzó: fue detenida por cohecho y extorsión.
Pero para entender el tamaño del cochinero hay que viajar al pasado, justo a la campaña por el Senado. Barrón, al verse hundida en las preferencias ciudadanas frente a Luis Donaldo Colosio y Waldo Fernández, decidió que si no podía ganar con votos, ganaría con presión. ¿La estrategia? Armar un montaje digno de serie criminal, en abierta colusión con una fiscalía local que operaba bajo las órdenes del PRIAN.
La jugarreta implicó desembolsar 750 mil pesos para pagarle a una mujer que fue a declarar, falsamente, que el entonces candidato Waldo Fernández la había violado en su vehículo y arrojado a una banqueta. Con esa aberrante calumnia, la Fiscalía armó una carpeta al vapor y simuló “diligencias”.
Aquí la matemática política es simple pero perversa. Mediante esta farsa, buscaron imponerle a Waldo una salida con precio: o pagaba 5 millones de pesos y renunciaba definitivamente a la candidatura, o lo hundían.
Pero, ¿por qué tanto interés en bajar a Waldo de la contienda? Si él renunciaba, “Karina Traición” se colaba por la vía de la primera minoría. Y con ese reacomodo en el tablero, adivinen quién quedaba automáticamente con posibilidades de entrar al Senado por lista plurinominal: otro histórico del priismo local y de Nuevo León, con larga trayectoria en la operación política del estado. El montaje no era solo para ensuciar a un rival; era fabricar un caso con todo el “aparato” para que el chantaje diera miedo de verdad. Pedro Arce, desde la Fiscalía, fungió como el operador perfecto, el puente entre la guerra sucia y el músculo institucional.
Para mala suerte del PRIAN, Waldo no se dobló. No aceptó ni la falsa acusación ni la extorsión, y aunque la calumnia le provocó graves daños personales y familiares, fue a la Fiscalía General de la República (FGR) y denunció a Barrón.
El desenlace de esa elección ya lo conocemos: Karina perdió y Paco Cienfuegos no entró. Pero en la política del “amiguismo”, los favores se pagan. Tan pronto como Adrián de la Garza llegó a la Alcaldía de Monterrey, cobijó a Barrón nombrándola —en el colmo de la ironía— Secretaria de Igualdad. Sí, a pesar de que la denuncia en su contra ya estaba hecha.
Hoy, a dos años de distancia, la exfuncionaria está tras las rejas y hay dos vertientes que tienen a la ciudadanía en alerta máxima.
Por un lado, el alcalde de Monterrey vuelve a tropezar con nombramientos insostenibles. Este escándalo se suma a los contratos multimillonarios sin beneficio alguno y a la profunda crisis que tiene al municipio como el más inseguro del estado. ¿Acaso el gobierno de Adrián de la Garza y el PRIAN es una agencia de colocaciones para perfiles con señalamientos tan graves en lugar de una administración seria?
Y, por el otro, el saldo institucional. El episodio de “Karina Traición” desnuda cómo Pedro Arce usó a la Fiscalía de Nuevo León como instrumento de guerra sucia, admitiendo denuncias sin sustento y fabricando hechos. Una operación que, según versiones políticas en el estado, habría sido impulsada desde sectores del priismo tradicional de Nuevo León para favorecer a la priista, dejando claro que, para el PRIAN, la justicia termina convertida en herramienta para golpear opositores y acomodar intereses.
En resumen: así operan.