Hay coincidencias que llaman la atención.
Este 11 de marzo, a miles de kilómetros de distancia, dos gobiernos anunciaron iniciativas para enfrentar el odio en redes sociales. En España, el gobierno de Pedro Sánchez presentó HODIO, una herramienta para medir la presencia de discursos de odio y polarización en plataformas digitales. En México, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo con empresas tecnológicas como Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital, especialmente contra las mujeres.
Dos países distintos, dos estrategias diferentes y un diagnóstico común: las redes sociales se han convertido en un espacio donde el insulto circula con una facilidad inquietante.
Sin embargo, hay una pregunta que rara vez aparece en el centro del debate: ¿hasta qué punto el problema está solo en las redes y no también en la política?
Porque el deterioro del debate público no comenzó con los algoritmos. Empezó mucho antes, cuando el insulto comenzó a convertirse en una herramienta política. La descalificación permanente dejó de ser un exceso para convertirse en método. Y el sarcasmo agresivo empezó a confundirse con liderazgo.
Los políticos descubrieron hace tiempo que el conflicto tiene premio en el ecosistema digital. El algoritmo amplifica lo que provoca reacción: indignación, enfado, polarización. Y muchos decidieron adaptarse a esa lógica.
Se insulta más porque funciona. Se polariza más porque moviliza.Se exagera más porque viraliza.
Después llegan las iniciativas institucionales: observatorios del odio, herramientas de medición o acuerdos con plataformas para vigilar contenidos. Todo ello puede ser útil, sin duda. El problema es que rara vez se discute el origen del clima que luego estalla en las redes.
Los datos muestran que la violencia digital es un fenómeno real. En México, por ejemplo, millones de personas han sufrido algún tipo de ciberacoso, con un impacto particularmente fuerte en las mujeres. Combatirlo es una obligación del Estado.
Pero también es cierto que el tono de la conversación pública se ha degradado desde la propia política. Cuando los líderes normalizan la confrontación permanente, el insulto deja de ser una excepción y se convierte en parte del paisaje.
Las redes sociales amplifican esa dinámica, pero no la crean por sí solas.
Y ahí aparece otra cuestión que incomoda tanto a los gobiernos como a las plataformas: el odio también genera beneficios. Para las empresas tecnológicas, porque aumenta el tiempo de consumo y la interacción. Para algunos actores políticos, porque la polarización moviliza a sus bases. Y para parte del ecosistema mediático, porque la confrontación constante asegura audiencia.
Por eso cada intento de regular o medir el odio digital abre un debate inevitable: ¿se trata de proteger a los usuarios o de vigilar el discurso?
Quizá la discusión debería empezar por otro lugar. Antes de preguntarnos cómo controlar lo que ocurre en las redes, habría que preguntarse qué papel juega la propia política en el deterioro de la conversación pública.
Porque los algoritmos pueden amplificar la rabia, pero rara vez la inventan.
Y en ese espejo incómodo, más de un dirigente preferiría no mirarse.