En Baja California la tormenta política que rodea al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda no deja de crecer. Investigaciones federales, cuestionamientos sobre seguridad, la revocación de visas por parte del gobierno de Estados Unidos y los señalamientos que pesan sobre su exesposo, Carlos Torres Torres, han colocado a la administración estatal en uno de los momentos más delicados de su gestión.
Pero mientras esos frentes siguen abiertos, en los pasillos políticos y empresariales del estado comenzó a crecer otro foco rojo: lo que ocurre dentro de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), encabezada por el ingeniero Arturo Espinoza Jaramillo.
Su nombre, que durante años fue parte habitual de la burocracia estatal, hoy aparece en el centro de una crisis de credibilidad que ya no sólo salpica al gabinete, sino que contradice directamente el discurso anticorrupción que el movimiento gobernante presume desde el poder federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Un secretario con historia política… y muchas conexiones
Espinoza Jaramillo no es un improvisado. Ingeniero civil con más de tres décadas en el servicio público, fue director de Obras Públicas en Mexicali y secretario de Infraestructura durante el gobierno panista de Eugenio Elorduy Walther. Desde noviembre de 2021 ocupa nuevamente esa posición, pero ahora dentro de un gobierno emanado de Morena.
Su presencia en el gabinete siempre generó comentarios. No sólo por su origen político panista, sino por las redes empresariales que fue tejiendo durante décadas en el sector de la construcción.
En círculos políticos de Baja California se comenta desde hace tiempo que su llegada al gabinete estatal habría sido impulsada por Carlos Torres Torres, entonces esposo de la gobernadora y operador político cercano al poder estatal.
Hoy, con Torres bajo investigaciones federales por presuntos vínculos con redes de lavado de dinero y delincuencia organizada, la permanencia de Espinoza en la SIDURT adquiere una lectura política completamente distinta.
El sistema que denuncian los constructores
Las críticas que llegan desde el sector de la construcción no son menores. Empresarios consultados describen un sistema que mezcla favoritismo empresarial, licitaciones dirigidas y presiones económicas para acceder a contratos de obra pública.
Según esas versiones, el secretario no opera directamente las negociaciones. El encargado de aterrizar acuerdos, montos y condiciones sería David Alejandro Pereda Sáenz, director técnico de inversión de la dependencia y considerado dentro del sector como el principal operador interno.
El mecanismo —según relatan empresarios— funcionaría como un embudo: sólo las empresas que aceptan determinadas condiciones logran avanzar en los procesos de adjudicación.
Entre las compañías que aparecen de forma recurrente en proyectos de infraestructura destacan Cinco Contemporánea, Arca del Pacífico, Constructora Cadena, CONZA y Arrendadora del Colorado del Norte, varias de ellas con antecedentes de contratos en administraciones anteriores.
Pero lo que más ha encendido las alarmas son los sobrecostos en obra pública.
Obras que duplican su presupuesto
Uno de los casos que más se menciona dentro del sector es el puente a desnivel Casa Blanca–Bulevar 2000 en Tijuana. La obra arrancó con un presupuesto cercano a los 179 millones de pesos y terminó con un costo aproximado de 378 millones, un incremento superior al 80 por ciento.
Situaciones similares se han observado en varios proyectos del llamado Programa Respira, donde los montos finales superaron ampliamente los presupuestos originales.
Para muchos constructores, esos incrementos no se explican únicamente por ajustes técnicos o cambios de proyecto, sino por un esquema de costos inflados que termina beneficiando a determinados grupos empresariales.
A esto se suman los cuestionamientos por posibles conflictos de interés, luego de que contratos por más de mil millones de pesos se asignaran a compañías vinculadas con el empresario Marco Antonio Santacruz Cuevas.
Aunque hasta ahora no existe una sanción administrativa o penal que confirme irregularidades, en política la percepción pesa. Y cuando esa percepción apunta a la dependencia que maneja miles de millones de pesos en obra pública, el problema se vuelve inevitablemente político.
El problema para Morena
El caso adquiere una dimensión mayor porque ocurre en pleno discurso de la llamada “segunda etapa de la transformación”, en la que el gobierno federal ha reforzado su narrativa contra la corrupción y el influyentismo.
La sola sospecha de que la obra pública en Baja California pueda estar siendo utilizada para favorecer a un círculo empresarial cercano al poder contradice frontalmente la bandera de “no robar, no mentir y no traicionar” que Morena repite como mantra político.
Por eso, en los círculos políticos del estado, cada vez se escucha más la misma pregunta: ¿Espinoza Jaramillo responde realmente a la gobernadora o a las redes políticas que lo llevaron al cargo?
La hora de la definición
Para el gobierno de Marina del Pilar el dilema comienza a ser evidente. Mantener al titular de la SIDURT ya no es una simple decisión administrativa, sino un posicionamiento político.
Porque mientras las investigaciones federales avanzan y los cuestionamientos locales se multiplican, cada nuevo señalamiento sobre infraestructura no sólo golpea a un funcionario. También profundiza la crisis de credibilidad que rodea a toda la administración estatal.
Y en Baja California, donde la política suele leerse entre líneas, cada vez más voces comienzan a preguntarse si lo que ocurre en la SIDURT es sólo un episodio más de corrupción en obra pública… o la pieza que conecta varios de los escándalos que hoy tienen al gobierno estatal bajo una lupa cada vez más intensa.