Juan Ramón de la Fuente, excanciller mexicano, llevaba tiempo desdibujado en la relación México–Estados Unidos, pero el mensaje que llegó desde Washington terminó por exhibirlo. Por conductos discretos, el presidente Donald Trump habría hecho saber a Palacio Nacional que el canciller era, en los hechos, un “convidado de piedra” en la agenda bilateral. Y no solo eso: dejó claro que su interlocutor de confianza no estaba al frente de la Cancillería, sino en la subsecretaría. El nombre: Roberto Velasco. Dicen que la sugerencia fue entendida de inmediato.
Detrás, versiones apuntan a reportes que también habrían llegado a Marco Rubio, donde se señalaba que De la Fuente estaba más enfocado en la grilla que en la diplomacia. En paralelo, crece el ruido sobre el papel del embajador Esteban Moctezuma, cuya gestión es vista como “invisible”. En este juego, el mensaje es claro: quien no opera, se vuelve prescindible.
Estela Ríos y Yasmín Esquivel, ministras de la SCJN, debaten entre la propiedad privada y la certeza jurídica. Mientras la exconsejera jurídica de AMLO advirtió que el derecho de propiedad “no es absoluto… no se puede defender como si fuera universal”, Esquivel pide certeza en la acción de inconstitucionalidad 58/2022, que analiza si la UIF puede bloquear cuentas bancarias como medida cautelar, la magistrada subraya que el patrimonio podría dejar de ser intocable. En este sentido, Esquivel Mossa reforzó: “No puede haber justicia sin reglas claras… Las y los mexicanos no pueden quedar sujetos a decisiones basadas en criterios ambiguos”. Votó en contra, recordando que combatir el crimen es clave, pero nunca a costa de la certeza jurídica. El debate muestra que, en la llamada “corte del acordeón”, la protección del derecho de propiedad y la seguridad jurídica están en el centro del conflicto.
Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, intentó restarle peso al reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, afirmando que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabaja para la ONU”. Con esta declaración, la secretaria busca desmarcarse de la crítica internacional y minimizar el alcance de las observaciones sobre la situación de desapariciones en México, mientras se mantiene la tensión entre el gobierno y los organismos internacionales de derechos humanos.