Rafael Zaga Tawil volvió a aparecer en titulares y no fue solo por su gestión al frente del Infonavit. El empresario fue detenido en Florida por agentes de ICE y hoy permanece en el Glades County Detention Center. En el papel, todo se reduce a un asunto migratorio. En la práctica, pocos creen que sea tan simple. Zaga Tawil arrastra un señalamiento difícil de ignorar: el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos del Infonavit, en uno de esos expedientes que durante años se movieron entre el escándalo público y la discreción institucional. Y ahí es donde empiezan las incomodidades. Porque cada vez que este caso revive, también lo hacen las preguntas que nunca encontraron respuesta clara: quién firmó, quién operó… y, sobre todo, quién terminó beneficiándose. En voz baja, más de uno ya conecta los puntos con los años del gobierno de Enrique Peña Nieto, una época donde este tipo de historias no eran precisamente excepcionales, sino parte del paisaje. Por eso, la detención no pasa desapercibida. ¿Es solo un trámite migratorio o el inicio de algo más incómodo? ¿Un caso aislado o la hebra que podría jalar otros nombres que han logrado mantenerse fuera del reflector?
Se mueve la grilla en Baja California dentro de Morena ya empiezan a perfilarse las cartas rumbo a la gubernatura, y los números comienzan a hablar. Según la encuesta de Enkoll, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, se coloca a la cabeza de las preferencias internas con 31%. Pero ojo, porque no va solo en la carrera: detrás vienen Julieta Ramírez con 17% y Montserrat Caballero con 14%, lo que deja claro que la disputa apenas empieza. En corto: Burgueño toma ventaja, pero en Morena ya se empieza a calentar la competencia… y todavía falta ver cómo se acomodan las piezas.
La herencia financiera del sexenio de Alfredo Del Mazo en el Estado de México sigue dando de qué hablar. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo la lupa más de mil millones de pesos del último año de su administración, recursos que simplemente no aparecen del todo claros en qué se gastaron. De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de Auditorías, se trata de dinero federal transferido en 2023 que arrastra irregularidades sin solventar. En total, la cifra observada originalmente rebasaba los 2 mil 586 millones de pesos, aunque hasta ahora aún quedan pendientes por aclarar mil 64 millones. La investigación, retomada por Reporte Índigo, detalla que el monto “atorado” se concentra en tres grandes bloques: uno de 921.7 millones de pesos, otro de 95.9 millones y uno más de 46.8 millones, todos sin documentación suficiente que compruebe en qué se ejercieron. Y aquí es donde el caso levanta más cejas: la ASF detectó que el gobierno estatal habría transferido recursos a distintos entes, incluido el Poder Judicial local y varios ayuntamientos, pero sin dejar rastro claro del destino final del dinero. En otras palabras, el dinero salió, llegó a diferentes manos… pero el papel que explique en qué se usó simplemente no aparece. La propia auditoría encontró inconsistencias entre los registros financieros y la documentación física disponible en archivos estatales, lo que mantiene el caso abierto y bajo observación.