Suena duro, pero así es: los sistemas migratorios de México y Canadá dependen, en ciertos supuestos, de las decisiones del Departamento de Estado de los Estados Unidos en materia de emisión de visados. Eso implica que una parte de la soberanía, en términos de movilidad internacional, queda supeditada a las decisiones del gobierno estadounidense.
En México existe una excepción al requisito de visado para ciudadanos de diversos países, siempre que cuenten con una visa vigente de turismo o residencia de los Estados Unidos. Por ejemplo: un ciudadano dominicano o ucraniano que necesita visa mexicana para ingresar al país puede entrar si presenta una visa estadounidense vigente junto con su pasaporte.
En el caso de Canadá, un mexicano que pretenda viajar a ese país puede evitar el trámite de la visa canadiense si cuenta con una visa vigente de los Estados Unidos, lo que le permite obtener una autorización electrónica de viaje (eTA) para volar directamente a Canadá desde cualquier país.
Ahora bien, ¿por qué dos países que aspiran a crecer turísticamente transfieren la responsabilidad de ciertos flujos migratorios al Departamento de Estado? En el caso de Canadá, lo ignoro. Su política migratoria ha sido errática en los últimos años: de pronto imponen visas, de pronto las eliminan.
En el caso de los ciudadanos mexicanos, optaron por crear la eTA únicamente para quienes porten una visa estadounidense. Al final, eso habla de un tratamiento hostil hacia el mexicano, aunque pretendan maquillarlo bajo el pretexto de la seguridad nacional o del supuesto abuso de solicitudes de asilo.
Si bien es cierto que cada país es soberano para determinar quién puede o no ingresar a su territorio, así como decidir qué nacionalidades requieren visado y cuáles no, el hecho de que la simplificación migratoria dependa de contar con un visado de un tercer país —en este caso, los Estados Unidos— habla muy mal de sus procedimientos internos, especialmente en esta coyuntura.
El caso de México es distinto y, en cierto sentido, más preocupante. Este mecanismo no busca proteger nuestras fronteras, sino las de los Estados Unidos. Dicho de otra forma: se trata de impedir que ingresen personas que pretendan, desde territorio mexicano, migrar ilegalmente a los Estados Unidos o, cuando menos, cruzar la frontera sin la documentación correspondiente.
Eso sí es francamente patético. Llevamos décadas cuidando la frontera de nuestro vecino del norte a costa de nuestros impuestos. Si no, ¿por qué en el Aeropuerto de Tijuana hay agentes migratorios —pagados con recursos públicos mexicanos— revisándonos dentro de territorio nacional para poder salir del área estéril y recoger el equipaje?, violando flagrantemente el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dos países que, en pleno siglo XXI, transfieren parte de su soberanía migratoria al Departamento de Estado de la Unión Americana.
Las letras pequeñas de Marriott Bonvoy
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La pregunta es simple: ¿por qué? Hasta ahora, nadie dentro de la organización ha respondido con claridad a esta columna.