Rosalinda Bueso, esposa del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió públicamente en su defensa a través de redes sociales, donde destacó su trayectoria y compromiso con el país. “Llevo 15 años a su lado y he sido testigo del amor, la entrega y el compromiso que ha demostrado por México”, escribió, en un mensaje que no pasó desapercibido en medio del contexto político actual. Bueso también recordó uno de los momentos más complejos para su familia durante la pandemia de COVID-19, cuando —según relató— Ebrard trabajó sin descanso para garantizar el acceso a vacunas, aun cuando no era una responsabilidad directa de su cargo. El respaldo, más que personal, se lee en clave política: en tiempos de ruido y tensiones, las señales también llegan desde casa.
El incidente en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos funcionarios adscritos a la embajada de Estados Unidos en México junto a mandos de seguridad de Chihuahua, está lejos de ser un hecho menor. Más que un accidente, empieza a perfilarse como un episodio lleno de zonas grises… y riesgos políticos. Porque sí, combatir laboratorios clandestinos y golpear al crimen organizado es necesario. Pero hacerlo sin una coordinación clara con el gobierno federal no solo es irresponsable, es peligrosamente temerario. Versiones dentro del propio aparato de seguridad apuntan a que ni el secretario federal, Omar García Harfuch, ni la fiscal Ernestina Godoy estaban enterados del operativo. Si esto se confirma, el mensaje es delicado: autoridades estadounidenses habrían coordinado directamente con el gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, dejando de lado a la federación. Y mientras esto ocurría, la gobernadora estaba en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, más enfocada en la grilla política que en la seguridad de su estado. El embajador Ronald Johnson ha respaldado la versión de un accidente. Un vehículo que se salió del camino en la sierra. Punto. Pero no todos compran esa narrativa.
En el ala más dura del conservadurismo estadounidense ya comienzan a circular versiones que apuntan a un posible ataque o incluso a un asesinato, una narrativa que, de escalar, podría tensar seriamente la relación con la Casa Blanca. Porque si algo está claro es esto: si se instala la duda de que personal estadounidense murió en circunstancias no esclarecidas en territorio mexicano, el tema dejará de ser local para convertirse en un asunto diplomático de alto nivel. Y ahí ya no se trata solo de un accidente. Se trata de confianza, de coordinación… y de control. Por ahora, la versión oficial habla de un percance. Pero en política —y más en seguridad— las versiones incompletas suelen ser el inicio de problemas mayores. Urge claridad. Antes de que el vacío lo llenen otros.