Claudia Sheinbaum, tuvo un fin de semana particularmente activo en el plano político internacional. En Barcelona participó en encuentros con líderes de la izquierda latinoamericana y con representantes del espacio socialista en España, en el marco de una agenda que busca reforzar alianzas progresistas. Sin embargo, llamó la atención que no se difundieran imágenes junto a figuras de Izquierda Unida o Unidas Podemos, pese a la cercanía política que la mandataria mexicana mantiene con la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, uno de los referentes de ese espacio. Mientras tanto, en Madrid, sectores de la derecha y la ultraderecha realizaron actos de respaldo a la opositora venezolana María Corina Machado. En ese contexto, lo que más controversia generó fueron los cánticos de tono racista atribuidos al cantante Carlos Baute durante un evento público, dirigidos contra la representación del gobierno venezolano. El contraste entre ambos escenarios vuelve a poner sobre la mesa el clima de polarización política que atraviesa la relación entre América Latina y España, donde los gestos de apoyo y las expresiones de confrontación conviven en un mismo tablero. Ante ese escenario, la pregunta que queda abierta es hacia dónde se encamina el debate público: si hacia la construcción de consensos o hacia una creciente escalada de confrontación política y simbólica.
El PVEM ya habría puesto sobre la mesa sus condiciones para mantener la alianza con Morena rumbo a las elecciones de 2027. Según las malas lenguas, la dirigencia del Verde estaría exigiendo cinco de las 17 candidaturas a gubernaturas que estarán en juego en ese proceso electoral. La negociación estaría siendo impulsada por Jorge Emilio González, conocido como “El Niño Verde”, quien argumenta que su partido aporta votos, estructura territorial y capacidad de movilización en distintas regiones del país. La presión del PVEM abre interrogantes dentro de Morena sobre hasta dónde están dispuestos a ceder en la repartición de candidaturas, especialmente después de haber construido una alianza que ya ha mostrado flexibilidad en otras reformas clave como la electoral y el llamado Plan B. En el fondo, la discusión no solo es de posiciones, sino de poder real dentro del bloque oficialista rumbo a la sucesión de 2027.
En la era de la supremacía de las fakenews, hace falta un precedente que marque un rumbo jurisprudencial y rompa una tendencia. Ese precedente lo ha sentado Carlos Torres, ex esposo de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. El Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Hugo Roberto Pérez Lugo, le dio la razón completa a Carlos Torres y condenó a un diario capitalino de circulación nacional por difamación. El 18 de octubre de 2025, ese diario publicó una nota cargada de acusaciones graves y sin sustento: aseguró que Torres Torres estaba sujeto a una orden de aprehensión en Estados Unidos por huachicol y venta de armas. Una información falsa, irresponsable y malintencionada que buscaba linchar mediáticamente al exservidor público de Baja California. Este 16 de abril de 2026, el juez federal resolvió con claridad: la nota carecía de verificación, no tenía hechos comprobados ni certeza alguna. Vaya, aquí no hay medias tintas, relativismos ni claroscuros. La supuesta orden de aprehensión no existe ni existió nunca. Punto. Por donde se le vea, eso se llama mentira.
Además, el medio se negó de manera reiterada a otorgarle a Torres su derecho de réplica, violando el más elemental principio periodístico. Durante meses, Carlos Alberto Torres Torres ha mantenido con dignidad y firmeza su inocencia. Metafóricamente el juez también sentenció al silencio las campañas de Jaime Bonilla, el gobernador. golondrino.