Las acusaciones presentadas en un juzgado de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no pueden ignorarse. Surgen de procesos judiciales vinculados al crimen organizado en Estados Unidos, donde han salido testimonios que obligan a poner la lupa sobre autoridades mexicanas. Pretender que esto es solo un tema político es una forma de evadir la realidad por parte del gobierno mexicano.
Desde hace tiempo, en el PAN lo hemos dicho con claridad. En Sinaloa hay un narcogobierno y Rocha Moya ha sido señalado por ello. Durante años intentaron descalificar estas advertencias, pero hoy los hechos las respaldan.
Lo más grave es que, a pesar de la magnitud de las acusaciones, lo siguen protegiendo. Morena cierra filas y el gobierno federal actúa como si nada estuviera pasando. Esa actitud es una señal directa de encubrimiento.
No basta con que el gobernador pida licencia. Eso no resuelve nada ni garantiza justicia, tienen que extraditarlo. Es inaceptable que además deje al frente del estado a alguien de su propio equipo, como si todo pudiera seguir igual y como si no hubiera una crisis de fondo.
La seguridad en Sinaloa está profundamente deteriorada. La violencia no es un dato aislado, es una realidad diaria que afecta a las familias, a los comercios y a toda la vida pública. Cuando quienes deben garantizar el orden están bajo sospecha, la incertidumbre se vuelve total.
Los ciudadanos son quienes pagan las consecuencias. Son ellos quienes viven con miedo, quienes enfrentan la violencia y quienes ven cómo las instituciones fallan.
También es imposible ignorar la cercanía de Rocha Moya con Andrés Manuel López Obrador. Esa relación no puede ser un escudo frente a acusaciones de esta gravedad.
Lo verdaderamente indignante es que, frente a todo esto, las autoridades hagan como si nada pasara. Actúan como si las denuncias fueran parte de la confrontación política, cuando en realidad se trata de señalamientos ligados al crimen organizado.
México no puede normalizar esto. Se necesita una investigación real, decisiones firmes y cero tolerancia a la impunidad. Cuando el poder se protege a sí mismo en lugar de responderle a la ley, lo que se pone en riesgo es todo el Estado de derecho.
DETALLES. El desabasto de medicamentos ya no es una falla, es negligencia prolongada de un sistema que no cumple. Se escudan en discursos “anticorrupción” mientras los pacientes cargan con las consecuencias. Lo más grave es que se volvió normal y la falta de soluciones reales ya es inaceptable.
Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN y Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).