El pasado 29 de abril se abrió un debate que, como Estado, debemos abordar con absoluta seriedad. Las acusaciones provenientes de Estados Unidos, colocaron sobre la mesa un tema que va más allá de nombres y coyunturas: la relación entre verdad, justicia y soberanía en un país que tiene la obligación de conducirse conforme a sus propias leyes.
En nuestro movimiento, y en una amplia mayoría de las y los mexicanos, hay un respaldo claro a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la defensa firme de México y de sus instituciones. “Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía”. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero”. Con esa claridad fijó una postura que no sólo responde a una coyuntura, sino que traza una línea de Estado.
Porque cuando se asume una responsabilidad pública de esta magnitud, hay un compromiso que no admite ambigüedades: hacer respetar la Constitución y las leyes. No como consigna, sino como práctica cotidiana. Y es precisamente en momentos como este, cuando las acusaciones cruzan fronteras y se instalan en el debate, donde se mide la fortaleza institucional de un país.
Ahí es donde entra la responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Si existen elementos, tendrá que actuar conforme a nuestras leyes, bajo nuestra jurisdicción. Y si hay algo que juzgar, que se juzgue. Sin excepciones, pero también sin atajos.
Esa es, justamente, la diferencia entre un Estado de derecho y un escenario de imposiciones.
Al mismo tiempo, no se puede perder de vista el otro eje que la propia presidenta ha colocado con firmeza: la defensa de la soberanía. El Artículo 40 de la Constitución, recientemente fortalecido, establece con claridad que México no aceptará intervenciones ni actos provenientes del extranjero que vulneren su integridad, independencia o soberanía. No es una postura política: es un mandato constitucional.
Y en ese marco, cualquier acción que se pretenda realizar en territorio nacional sin la autorización del Estado mexicano no es cooperación, es injerencia.
Por eso resulta particularmente delicado que, en medio de este debate, se haya hablado de la posible presencia de agentes extranjeros operando sin conocimiento del gobierno federal. Porque entonces ya no estamos frente a un tema estrictamente judicial, sino ante un asunto de soberanía.
México ha construido su relación con el mundo desde el respeto. De iguales. Nunca desde la subordinación, y mucho menos desde el entreguismo. La colaboración internacional existe y es necesaria, pero tiene reglas, tiene límites y tiene cauces institucionales. Y esos límites los marca nuestra Constitución.
También hay que decirlo: los resultados en materia de seguridad están ahí. Más de dos mil laboratorios clandestinos desmantelados, miles de detenciones, objetivos prioritarios capturados. Todo ello con trabajo institucional, con inteligencia y sin la presencia de agentes extranjeros operando en territorio nacional.
México ha insistido en algo que no puede ignorarse: la corresponsabilidad. El combate al narcotráfico no puede entenderse sin el flujo de armas y el consumo del otro lado de la frontera. Y en ese terreno, la colaboración no siempre ha estado a la altura de lo que exige un problema compartido.
Por eso la posición es clara: no se va a encubrir a nadie. Pero tampoco vamos a aceptar que se pretenda juzgar desde fuera, sin pruebas y sin respeto a nuestras instituciones.
Porque al final, lo que está en juego no es un nombre ni un cargo. Es la confianza en el Estado mexicano.
Y esa confianza se sostiene en tres pilares que hoy no son negociables: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
César Cravioto es Secretario de Gobierno de la CDMX