El nombre de Edith Guadalupe debería incomodar a todo el país. No solo por la violencia que terminó con su vida, sino por lo que su caso revela: un sistema que, una vez más, llegó tarde. Edith tenía 21 años. Salió a una entrevista de trabajo y no regresó. Su familia hizo lo que cualquier familia haría: denunció, aportó información, insistió. Pero del otro lado no hubo la misma urgencia.
La Fiscalía tardó en actuar, a pesar de contar con datos relevantes desde el inicio. Y cuando finalmente lo hizo —empujada por la presión de una manifestación— ya no había nada que rescatar. Solo encontraron su cuerpo.
En los casos de desaparición, el tiempo lo es todo. Y en México, el tiempo se pierde. Lo que ocurrió con Edith no es una excepción. Es un patrón. Fiscalías que reaccionan tarde, protocolos que no se activan a tiempo, autoridades que no coordinan información y sistemas que fallan justo cuando más se necesitan. La consecuencia es brutal: un daño irreparable, la vida misma. Pero la historia no empieza ahí. Edith no desapareció en el vacío.
Salió a buscar empleo, como millones de mujeres en un país donde el acceso al trabajo sigue marcado por la desigualdad y la precariedad. Solo el 47% de las mujeres en edad productiva participa en la economía, frente a más del 75% de los hombres. Y cuando lo hacen, enfrentan peores condiciones: salarios más bajos, empleos más inestables y menos redes de protección.
Ese contexto abre la puerta a un riesgo que crece todos los días: ofertas de trabajo engañosas que se convierten en trampas. Por eso, la violencia no empieza con el feminicidio. Empieza antes: en la desigualdad, en la falta de oportunidades, en la ausencia de un Estado que proteja. El feminicidio es el último eslabón de una cadena que el gobierno sigue sin romper.
Y mientras eso ocurre, la discusión pública parece desviarse. Se habló e insistió sobre la reforma al Poder Judicial como si ese fuera el gran problema del país. Pero la realidad es otra, lo que México requiere es una profunda reingenieria de las Fiscalías de este país. Hoy, México tiene entre 10 y 11 fiscales por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de países como Chile, Alemania o España. Sin personal suficiente, sin capacitación y sin herramientas, cualquier reforma se queda en discurso. El problema no es jurídico, es operativo.
El problema no es la ley, es su ausencia en la práctica. La urgencia es otra: fiscalías que actúen a tiempo, policías profesionales, sistemas de inteligencia que funcionen y una política de prevención que entienda que la seguridad de las mujeres también pasa por su realidad económica.
Supervisar ofertas laborales, regular plataformas digitales, garantizar condiciones seguras para buscar empleo no es un tema menor. Es parte de la prevención. Es parte de evitar que casos como el de Edith se repitan. Porque cuando el Estado falla en lo más básico, todo lo demás pierde sentido.
No hay discurso que alcance. No hay narrativa que lo oculte. No hay reforma que compense. El caso de Edith Guadalupe no solo duele: evidencia. Evidencia que sin instituciones que funcionen, no hay justicia posible. Y sin justicia, la violencia no solo persiste: se normaliza. La verdadera transformación no es controlar la justicia. Es lograr que llegue a tiempo.