Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, ya no puede ir ni al cajero. Parece que en México ya comenzaron a moverse piezas alrededor de Rocha Moya y de los otros personajes señalados en investigaciones abiertas en Estados Unidos. En los pasillos políticos y financieros ya corre la versión de que autoridades mexicanas habrían comenzado a poner la lupa sobre cuentas bancarias, movimientos financieros y posibles redes de operación relacionadas con algunos de los nombres que aparecen bajo presión desde Washington. Y aunque oficialmente se habla de “revisión” y “seguimiento”, dentro de Morena y en círculos cercanos al poder hay quienes leen otra cosa: ganar tiempo, reunir pruebas… pero también evitar movimientos inesperados. Porque cuando empiezan a vigilar cuentas, congelar operaciones o complicar accesos financieros, el mensaje suele ser claro: nadie quiere que algún implicado tenga demasiada facilidad para mover dinero… o para desaparecer. En el fondo, varios operadores políticos creen que el verdadero temor no está solamente en lo que pueda venir desde Estados Unidos, sino en quién decida hablar primero si el cerco financiero comienza a cerrarse.
Más de uno en el sector educativo ya empieza a reconocer el “oficio político” de Mario Delgado. Cuentan que el pasado 7 de mayo, el titular de la SEP logró sacar por unanimidad en el CONAEDU una propuesta para acortar el ciclo escolar y terminar clases el 5 de junio. Todo iba planchado… hasta que padres de familia y algunos sectores educativos prendieron las alertas. Pero en lugar de entrar en choque, dicen que Delgado volvió a sentarse con los secretarios estatales y este 11 de mayo, otra vez por unanimidad, se consensuó mantener el calendario original. Eso sí, con flexibilidad para que cada estado pueda ajustar fechas por calor extremo o hasta por el mundial en entidades como Nuevo León y Jalisco. En los pasillos de la SEP dicen que la instrucción de Claudia Sheinbaum era clara: evitar vacaciones tan largas y priorizar el bienestar de las infancias. y que, entre acuerdos y reacomodos, Delgado terminó sacando adelante dos votaciones unánimes en menos de una semana. Nada mal para los tiempos que corren en la política educativa.
Tras conocerse que la fiscalía de la Ciudad de México, bajo la dirección de Bertha María Alcalde Luján, pedirá una condena de 18 años de prisión y 15 años de inhabilitación contra Julio César Serna, exjefe de gabinete durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, habrá incertidumbre entre varios personajes vinculados al antiguo círculo político del mancerismo. Más de uno comenzó a tomar distancia y a revisar discretamente relaciones, nombramientos y respaldos heredados de aquella época. Entre los nombres que comenzaron a mencionarse: Manuel y Carlos Jiménez Rodríguez, quienes actualmente ocupan cargos públicos de alto nivel en las filas de Morena. Uno se desempeña como gerente de Ingeniería y Asuntos Binacionales en CONAGUA y el otro figura como jefe de área en la Secretaría General del Seguro Social.
José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado en una tienda Cartier en Cancún y, como era de esperarse, las redes hicieron su propio avalúo moral antes que cualquier joyero. La visita a una boutique de lujo no sería noticia si no arrastrara el apellido de quien convirtió la austeridad republicana en doctrina pública. Claro, mirar no es comprar, y comprar tampoco es delito, pero en política las imágenes pesan más que las facturas. El problema no es la joyería, sino el contraste de que, mientras unos predicaron vivir con modestia, otros parecen descubrir que el lujo también tiene aire acondicionado. Ya se sabe, en tiempos de austeridad, hasta una vitrina puede salir carísima.