En México existen 32 millones de hogares, sin embargo, menos del 1% (0.87%) 278 mil 753 hogares cuenta actualmente con calentadores solares, lamentaron expertos y urgieron a implementar medidas para democratizar la energía y establecer estrategias de combate el cambio climático.
Durante la Iniciativa Climática de México (ICM) se expuso que una de las barreras para que las familias mexicanas instalen los llamados techos solares es el costo de inversión inicial, y a pesar de que éste se ha reducido de manera considerable, en la mayoría de los casos no es atractiva la inversión.
Según explican, esto se debe a que más de 99% de los hogares tienen una tarifa subsidiada por el Estado, pero también se reconoce que para las familias de escasos recursos el desembolso representa un gasto fuera de su presupuesto.
Esto se mencionó porque durante la última cumbre del clima, COP 27, México presentó una actualización del componente de mitigación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), en la cual se comprometió a reducir de manera no condicionada 35% de las emisiones de GEI con respecto al escenario tendencial y (de contar con mayor apoyo internacional) dicha meta incrementará a 40%.
Al respecto, para apoyar con insumos técnicos los compromisos climáticos nacionales, Iniciativa Climática de México (ICM) presentó una propuesta de NDC desde la Sociedad Civil, en la que se detallan las acciones claves para incrementar la ambición de México.
En ella, el sector eléctrico juega un papel fundamental en la descarbonización de la economía, principalmente a través de un impulso acelerado de energías renovables, tanto a gran escala como en generación distribuida.
De acuerdo con la propuesta, la generación distribuida debería tener una capacidad instalada de 13 GW en 2030. Esto significa que, si México quiere cumplir con sus compromisos climáticos, debe instalar por lo menos 1.3 GW por año, el equivalente a un poco más de la capacidad instalada del proyecto emblema de Puerto Peñasco, Sonora.
Se explicó que cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destina un monto (subsidio) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cubrir la diferencia entre el costo de la energía y los ingresos por la venta a los hogares subsidiados.
Tan sólo en 2023 se asignaron 76 mil 624 millones de pesos del presupuesto federal para “el subsidio a las tarifas eléctricas”. Esto representa una carga económica para el Estado, y para las y los mexicanos, que podría utilizarse para cubrir otras necesidades sociales.
Es por ello que proponen canalizar el subsidio eléctrico a una inversión productiva que beneficie a la CFE, al Estado, y a las y los mexicanos.
Proponen recanalizar el subsidio eléctrico hacia la dotación de sistemas fotovoltaicos (techos solares) en las viviendas residenciales, a través de un mecanismo revolvente que permita maximizar el beneficio social de los recursos públicos, beneficiar a los usuarios finales a través de una reducción en su gasto por concepto de electricidad (de alrededor de 20%).
Como una primera etapa se propone instalar 4.5 GW al 2030, en 1.5 millones de hogares mexicanos.
Calculan que el programa generaría un beneficio neto a la CFE de 169 mil millones de pesos en 2030 y de hasta 800 mil millones de pesos al final de la vida útil de los sistemas (2055), mitigar 26 mil 663 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y la generación de, por lo menos, 111 mil 969 empleos (107 mil 445 en instalación y 4 mil 524 en operación y mantenimiento).
Finalmente, los especialistas exponen que el Programa Hogares Solares debe ser una de las medidas pilares que nos permita avanzar en la transición energética y cumplir con la NDC y con el Acuerdo de París.
