A pocos meses de iniciarse la Copa Mundial de Futbol 2026, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, anunció la implementación de un sistema de cámaras con tecnología de inteligencia artificial que busca incrementar la seguridad en la entidad para turistas y habitantes.
El sistema ofrecerá herramientas de reconocimiento facial, identificación de placas vehiculares y características físicas de los vehículos para agilizar la identificación de personas que incurran en presuntos actos delictivos.
Nuevo ecosistema de seguridad
Todo funcionará bajo la plataforma Nexus, un ecosistema creado para procesar consultas en tiempo real y arrojar información crucial de los sujetos captados en imágenes a partir de múltiples fuentes y bases de datos oficiales del gobierno.
Según lo mostrado en el piloto, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Marina y Secretaría de la Defensa Nacional tendrían acceso a este sistema para agilizar la identificación de posibles delincuentes.
La infraestructura tecnológica está diseñada, sobretodo, para reforzar la seguridad en zonas de alta afluencia: desde el recorrido entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el aeropuerto de Toluca hasta la capital del país, además de destinos turísticos como Valle de Bravo y las Pirámides de Teotihuacán.
¿Cómo funciona la propuesta?
Durante la conferencia matutina del 16 de enero, Castañeda presentó un piloto del programa que mostró su operación. A través de un smartphone, los elementos de seguridad podrán fotografiar a las personas y automáticamente realizar búsquedas en bases de datos federales.
Así, la plataforma arrojará resultados con especificaciones sobre órdenes de aprehensión, levantamientos judiciales, órdenes de protección o mandamientos de búsqueda.
De esta manera, las autoridades podrán actuar según protocolos establecidos, aunque hasta el momento no se han detallado cuáles serán estos procedimientos.
¿Equilibrio entre innovación y protección?
Aunque la tecnología está lista para implementarse y se planea ponerla en marcha en abril de 2026, persisten interrogantes cruciales: ¿cuántos elementos tendrán acceso a estas herramientas? ¿Bajo qué motivos se podrá hacer uso de ellas? ¿Cómo se manejarían los falsos positivos?
Y es que la Ley General de Protección de Datos Personales establece claramente que no pueden escanearse rostros sin autorización de las personas.
La Secretaría de Seguridad estatal está obligada a cumplir esta legislación. Como dependencia de gobierno, está clasificada legalmente como “sujeto obligado”, lo que significa que debe respetar la privacidad de los ciudadanos igual que cualquier otra institución pública.
El artículo 7 de la ley es categórico: “no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona titular”.
Sin embargo, el artículo 16 contempla excepciones que permiten a las autoridades prescindir del consentimiento ciudadano si existe “una ley que lo autorice” o si hay “una situación de emergencia.”
Aquí surge la duda: ¿El Mundial de Futbol 2026 califica como “emergencia” para justificar escanear la cara de todos los que transiten por estas zonas de alta afluencia?
El estudio que debieron hacer
Antes de activar las cámaras, la ley obliga al gobierno estatal a realizar una “evaluación de impacto”, un estudio que analiza qué tan riesgoso resulta el sistema para la privacidad de las personas.
El artículo 68 no deja lugar a dudas: cuando un gobierno quiere implementar tecnología que procese datos personales de manera masiva —como el reconocimiento facial—, debe elaborar esta evaluación y presentarla 30 días antes ante las autoridades de transparencia.
Hasta ahora, el gobierno del Estado de México no ha informado públicamente si realizó este estudio obligatorio ni si lo presentó ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (INFOEM).
¿Quién vigila a los vigilantes?
El problema se complica más, pues el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el organismo federal encargado de vigilar que el gobierno respete la privacidad ciudadana, fue desmantelado recientemente.
Y, aunque fue sustituido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, aún no queda claro quién realmente supervisa que estos sistemas no vulneren derechos fundamentales.
A pesar de que el Estado de México cuenta con su propio organismo local de transparencia, la eliminación del vigilante nacional debilita los contrapesos institucionales.
Seguridad sí, pero con límites
Los artículos 74, 75 y 76 de la ley establecen reglas específicas para cuando el gobierno quiere utilizar datos personales por temas de seguridad. Y contrario a lo que podría pensarse, no otorgan luz verde total.
La regla de oro está en el artículo 74: las autoridades solo pueden recopilar datos que sean “necesarios y proporcionales.” En términos simples: no se puede vigilar a todos para atrapar a algunos.
Además, el artículo 76 obliga al gobierno a implementar “medidas de seguridad de alto nivel” para proteger esta información.
Es decir, si se van a almacenar los rostros de millones de personas, debe garantizarse que hackers o funcionarios corruptos no puedan robar o hacer mal uso de esa información.
Gobiernos de todo el mundo, incluso con mayores recursos tecnológicos que México, han sufrido hackeos masivos de datos biométricos. ¿Está el Estado de México preparado para proteger esta información?