El gobierno de Puebla analizará la recomendación que emitió recientemente la Comisión de Derechos Humanos (CDH), en la cual se determinó que la Policía Estatal y el ayuntamiento de Zoquitlán actuaron de forma arbitraria contra los habitantes de Coyomeapan en mayo de 2022, y se pidió una disculpa pública a los familiares de las víctimas.
El mandatario Sergio Céspedes Peregrina declaró que la recomendación está siendo analizada por el área jurídica del gobierno estatal para emitir una respuesta sobre los hechos y en caso de ser sustentada, será aceptada para comenzar los procesos solicitados.
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“Como autoridad nosotros somos los primeros responsables de tener una apertura de poder revisar, analizar y en su momento sí la recomendación es sólida, aceptarla; sin embargo, estamos haciendo procesos de análisis”, expresó.
— Sergio Céspedes, gobernador de Puebla
En su momento, la administración estatal, que encabezaba Miguel Barbosa Huerta, no quiso reconocer la muerte de los pobladores y aseguró que los policías respondieron a un ataque; además, el exmandatario fallecido consideró que el hecho se derivó de un conflicto de origen político.
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Casi un año después, la comisión emitió la recomendación 12/2023 tras analizar los hechos ocurridos el 9 de mayo de 2022, cuando policías estatales abatieron a tres civiles, entre ellos un menor de edad, e hirieron a siete más, supuestamente al confundirlos con presuntos delincuentes en un camino de terracería en el municipio de Zoquitlán.
Tras realizar las investigaciones correspondientes, la Comisión rechazó que el incidente fuera producto de un enfrentamiento, ya que los policías involucrados no realizaban patrullamiento y, por ende, nunca se vieron involucrados en acciones que los motivaran al uso de la fuerza pública.
Además, el organismo señaló la omisión de prestar auxilio y preservar el lugar de los hechos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por lo anterior, la Comisión solicitó al ahora titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, que ofrezca una disculpa pública a los familiares de las víctimas directas e indirectas y proporcione atención victimológica, incluida la psicológica.
También tendrá que emitir los protocolos de actuación respecto del uso de la fuerza, con perspectiva de género para niñas, niños y adolescentes y protección de los derechos humanos.
Incluso el año pasado, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió esclarecer los hechos en Coyomeapan, donde señaló que hubo uso excesivo de la fuerza y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar los hechos de manera completa, exhaustiva e imparcial, mientras que al gobierno estatal demandó otorgar protección a las personas heridas y a los familiares de quienes murieron.
