Mujeres políticas y activistas buscan castigar la violencia digital a través de una ley contra el denominado sicariato digital con hasta 10 años de cárcel para quienes contraten a ‘bots’ o hackeadores de datos, con el objetivo de atacar con discursos de odio.
La diputada del PT, Nora Merino Escamilla adoptó y presentó ante el Congreso de Puebla la iniciativa de la presidenta del colectivo, 33 Mujeres, Edurne Ochoa, que plantea tres reformas contra la intervención, hackeo o robo de datos para perjudicar, ofender o causar cualquier tipo de violencia.
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¿En qué consiste la ley contra violencia digital?
Detalló que la primera es al Código Penal estatal para definir los “delitos Informáticos entre particulares”, como el hackeo, intervención, compra, venta, distribución de datos, imágenes, audios o videos de cualquier espacio digital obtenidos sin consentimiento, y permita a la víctima del delito denunciar, ya que actualmente no existe, solo por ciberacoso o difusión de contenido íntimo (Ley Olimpia).
Además, se agrega el concepto de ciberviolencia a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para ampliar la violencia digital, no solo para contenido sexual, sino para cualquier tipo de violencia cometido desde el espacio digital.
También contempla una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para establecer como facultad de la Secretaría de Seguridad Pública implementar la Estrategia Estatal de Ciberseguridad para garantizar la seguridad del estado y de personas físicas o morales.
Puebla sería la primera en castigar “sicariato digital”
A su vez, la consultora de comunicación política, Edurne Ocho resaltó que Puebla sería pionera en castigar la ciberviolencia, compartió que han documentado 12 casos donde las víctimas han sido atacadas por perfiles falsos o intervención de sus dispositivos móviles.
Dejó claro que esta iniciativa también abonará a proteger la participación de cualquier persona en el ámbito político sancionando los ataques a su vida personal, sexual o sobre el aspecto físico, bajo un discurso de odio dirigido, principalmente hacia las mujeres, que incluso trastoca la vida familiar.
“Muchos periodistas, personas y políticos fueron víctimas de esto, qué bueno que salga a la luz pública este tipo de violencia digital y sean cosas que no vuelvan a suceder, ni a sus familias. Nos han dicho que es el costo de ser mujeres políticas.
— Edurne Ochoa, activista feminista de 33 Mujeres
Ambas advirtieron que en las elecciones de 2024 los ataques y hackeos de dispositivos irán en aumento, por lo que, de aprobarse estás reformas contra la violencia digital se castigará con penas de tres a seis años de prisión, si son mujeres o menores aumentaría a 10 años; y si lo cometen políticos, precandidatos, candidatos o funcionarios también las penas llegarán a 10 años de cárcel.
