Helena Monzón, hermana de la activista Cecilia Monzón, advirtió de un posible influyentismo político sobre el caso de feminicidio, esto tras los recientes cambios en el Poder Judicial, pues dijo que pueden representar un retroceso en la impartición de justicia en los casos presentados actualmente ante el Tribunal.
Através de un comunicado señaló su preocupación ante la reciente renuncia del magistrado Carlos Palafox Galeana, lo cual, dijo, pone sobre la mesa sospechas de influencia política en la toma de decisiones.
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La abogada y hermana de la víctima ha denunciado en varias ocasiones la dilación procesal del caso, siendo el último de ellos la audiencia intermedia de los tres acusados del feminicidio de la abogada, la cual se alargó desde el pasado viernes 28 de julio hasta el sábado 19 de agosto, con una duración extraordinaria, de más de 70 horas.
Luego de suspensiones, retrasos y recesos de la audiencia, se dictaminó la apertura del juicio oral contra los presuntos homicidas Javier N, Jair N y Silvestre N.
Sin embargo, apuntó que al presentarse ajustes en el Poder Judicial de Puebla, con la renuncia tanto de Carlos Palafox como de Margarita Gayosso, presidentes del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respectivamente, el pasado jueves 31 de agosto, esto puede representar una nueva traba en la obtención de justicia para Cecilia Monzón.
“Dimisiones en los cargos de Presidente del Consejo de la Jurisdicción y Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. La inestabilidad me preocupa, en lo que va del caso llevaremos tres presidentes del Tribunal Superior de Justicia”, escribió.
Helena Monzón también expresó su preocupación por las versiones periodísticas que desde 2011 señalan que la magistrada Belinda Aguilar Díaz, quien fungirá como presidenta del TSJ, fue apoyada por diputados del PRI, integrantes del grupo político del presunto feminicida Javier N.
“Las víctimas y sobrevivientes merecemos un sistema judicial que opere libre de influencias, corrupción e intereses personales, y que actúe con apego a los derechos humanos, que garantice un cierre adecuado a las víctimas y sus familias en sus respectivos casos”, acotó.
