El estado de Puebla se ha situado en el segundo lugar nacional en casos de violencia político-criminal, según el informe “Votar entre balas” presentado por la organización Data Cívica.
El reporte, que abarca el período del 7 de septiembre de 2023 al 2 de junio de 2024, documentó que la entidad, solo se ubicó por debajo de Chiapas que registró 53 casos de violencia política; mientras que el segundo lugar también lo ocupó el estado de Guerrero con otros 42 registros.
“El 60% de las personas candidatas atacadas sufrieron los eventos violentos en solo tres entidades federativas: Chiapas, Guerrero y Puebla”, destacó Data Cívica.
Solo durante el mes de mayo, previo a la elección, Puebla registró un secuestro, seis asesinatos, siete amenazas, siete atentados y un ataque armado contra personas vinculadas al proceso electoral, no solo entre candidatos.
En contraste, Campeche y Tlaxcala fueron las entidades menos violentas para los candidatos, con un solo caso; mientras que Tabasco registró dos ataque durante la elección.
Violencia electoral a nivel nacional
A nivel nacional, la organización identificó el asesinato de 34 personas candidatas y otras 96 que sobrevivieron a diversas agresiones. Entre estos últimos, 14 sufrieron ataques armados en los que alguien más murió, 40 fueron víctimas de atentados, 10 sufrieron secuestros y 32 recibieron amenazas tangibles, como mantas o videos, que tuvieron consecuencias concretas.
Data Cívica aclaró que las amenazas están subregistradas, ya que no siempre son reportadas en notas de prensa.
Sumando las personas candidatas asesinadas y aquellas que sufrieron otros tipos de ataques violentos, se registraron un total de 130 personas candidatas atacadas durante el período electoral 2023-2024. De estas, 30 eran mujeres y el resto hombres.
El informe subraya que todos los partidos políticos han tenido víctimas de violencia por parte de los grupos del crimen organizado durante el período electoral 2023-2024. Este fenómeno resalta la grave situación de inseguridad y violencia que enfrenta el país en el ámbito político, afectando el proceso democrático y poniendo en riesgo la integridad de quienes participan en él.
