A finales de junio se determinará si existen responsabilidades administrativas contra algún exfuncionario del gobierno de Miguel Barbosa Huerta en relación con el caso Accendo Banco, informó Juan Carlos Moreno Valle, secretario de la Función Pública del Estado de Puebla.
En entrevista, el funcionario destacó que la Secretaría de Finanzas ha emprendido acciones legales contra la institución bancaria para intentar revertir el daño patrimonial de 606 millones de pesos provocado por la inversión fallida. No obstante, admitió que hasta ahora no se han obtenido resultados concretos.
“La próxima semana el despacho nos presentará su dictamen. Una vez terminado ese dictamen, nosotros cerramos el expediente y calificamos las conductas. Si alguien cometió una falta administrativa, se le llamará para iniciar el procedimiento correspondiente”, declaró.
Cabe recordar que la Secretaría de la Función Pública contrató un despacho externo para evaluar si hubo advertencias sobre los riesgos de la inversión realizada por la Secretaría de Planeación y Finanzas, entonces dirigida por María Teresa Castro Corro. A pesar de estas advertencias, se procedió con la inversión, incluso cuando la institución financiera había sido declarada en quiebra desde 2021.
Renuncias y denuncias
Tras la polémica por este error financiero, María Teresa Castro Corro renunció a su cargo el 26 de junio, siendo sustituida por Josefina Morales Guerrero. La Secretaría de Finanzas confirmó que su área jurídica presentó denuncias contra Castro Corro y otros exfuncionarios estatales involucrados en el caso Accendo.
El impacto financiero también afectó a Amanda Gómez Nava, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien tuvo que comparecer ante el Congreso del Estado para rendir un informe, y se le solicitó que compareciera ante el Pleno.
La resolución de este caso es esperada con atención, ya que podría esclarecer las responsabilidades y tomar las acciones necesarias para prevenir futuros errores financieros en la administración pública de Puebla.
