El Congreso del Estado ha generado discriminación entre quienes pueden y no abortar, pues con los amparos admitidos se ha demostrado que Puebla tiene las condiciones para realizar este procedimiento sin riesgo, señaló Natalí Hernández Arias, directoral Centro de Análisis y de Formación e Iniciativa Social (Cafis).
En entrevista con Publimetro, Hernández señaló que el 99% de los abortos que han asesorado se realizan en etapas tempranas del embarazo, entre las 5 y 7 semanas, con un máximo de 10 semanas. “Esto demuestra que quienes deciden interrumpir su embarazo lo hacen de forma responsable y decidida”, afirmó.
Además, resaltó que el procedimiento es ambulatorio y se realiza con la entrega de medicamento (misoprostol), lo que no requiere hospitalización. Las pacientes regresan a casa y posteriormente vuelven para una valoración médica, lo que minimiza el gasto de recursos y logística.
Hernández mencionó que la mayoría de las mujeres que solicitan estos servicios tienen entre 25 y 35 años, y muchas ya son madres, acompañadas a menudo por sus parejas.
“Esta idea de que siempre son mujeres que nunca quieren tener hijos es incorrecta. Muchas ya son madres y, al asumir esa responsabilidad, toman esta decisión. Poder hacerlo de manera legal les permite salir de la clandestinidad”, explicó.
También destacó que el aborto, visto como un derecho y un servicio de salud, debe ser libre de estigmas y culpa, pues muchas mujeres acuden primero a centros de salud en busca de información, pero son redirigidas a colectivas.
Hernández criticó a los legisladores por mantener la penalización del aborto, generando así más discriminación y desigualdad al no acatar el amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declara inconstitucional criminalizar esta práctica.
“Falta voluntad política. Esta idea de que hay que valorarlo mucho es solo una excusa para no asumir la decisión de despenalizar. El costo político ahora recae en quienes no respetan los derechos de las mujeres”, subrayó.
Una contradicción en Puebla
Puebla presenta una contradicción en el tema del aborto: por un lado, se mantiene la penalización, pero por otro, ya existen servicios de aborto gratuito gracias a los amparos.
“Lo que tanto temen los legisladores ya está ocurriendo: se están brindando servicios para abortar a través de amparos”, dijo Hernández.
Apuntó que las personas con capacidad de gestar están tomando decisiones, enviando un mensaje claro de que esta no es una discusión moral ni religiosa.
“Al Estado le corresponde respetar y entender que en Puebla hay personas que abortan y deberían tener garantizado ese derecho. El llamado sigue siendo al Congreso y a todos los actores políticos que deben acatar esta sentencia”, añadió.
En diciembre de 2023, la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla anunció que, en cumplimiento con la resolución del Juicio de Amparo 259/2022 de la SCJN, el gobierno del estado implementará un procedimiento de aborto legal bajo el esquema de amparo.
Esto permitirá a las poblanas acceder a una atención de salud oportuna e integral, con perspectiva de género y derechos humanos, en clínicas y hospitales públicos.
