A casi dos años de la firma del convenio para regular las descargas al río Atoyac, un 60% de las textileras han cumplido con los trámites necesarios para operar conforme a la ley, informó Jorge Moreno Rojas, presidente de Citex Puebla-Tlaxcala.
En entrevista, comentó que de las 130 empresas que firmaron el convenio en noviembre de 2022, la mitad pertenece a la Cámara de la Industria Textil (Citex). De estas, alrededor de 39 han completado las adecuaciones administrativas para mejorar sus prácticas de producción.
Sin embargo, cabe recordar que, como parte del convenio, se acordó un plazo de seis meses para regularizar los documentos y hasta un año para realizar inversiones, principalmente en la mejora o adquisición de plantas de tratamiento de aguas residuales.
En cuanto a infraestructura, Moreno Rojas afirmó que el 100% de las empresas han realizado las inversiones necesarias, con montos que van de los 12 a los 20 millones de pesos, para adecuaciones o adquisición de plantas de tratamiento.
Explicó que las empresas involucradas en procesos productivos como tratamientos decolorantes y químicos ya contaban con plantas de tratamiento antes del convenio. De las 170 empresas afiliadas que operan en Puebla y Tlaxcala, el 20% están enfocadas en estas prácticas que contaminan el afluente.
“Hemos tenido reuniones con la Secretaría de Medio Ambiente. Hace tres semanas estuvieron en la cámara dando seguimiento, porque la idea es que todas las empresas estén totalmente al día y cumplan con las normativas”, señaló.
Además, destacó que la tendencia hacia la sustentabilidad y productos que colaboren con el medio ambiente es muy alta, y cumplir con las certificaciones es esencial para participar en el mercado.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), las sanciones por impacto ambiental pueden incluir:
- Multas de 20,000 a 50,000 días de salario mínimo y adicionales por cada día que se incumpla la normativa.
- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, en casos de incumplimiento de medidas correctivas, reincidencia con efectos negativos al ambiente, o desobediencia reiterada.
- Arresto administrativo hasta por 36 horas.
- Decomiso de instrumentos, ejemplares, productos o subproductos relacionados.
- Suspensión o revocación de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones.
