La Secretaría de Planeación y Finanzas ha concluido la investigación relacionada con la fallida inversión en Accendo Banco, que derivó en una pérdida de 600 millones de pesos debido a las malas gestiones de la administración pasada.
A pesar de los avances en el caso, aún no hay certeza sobre la posibilidad de recuperar los recursos perdidos, informó la titular de la dependencia, Josefina Morales Guerrero.
Durante la presentación de su informe, detalló que, como resultado de la investigación, se han presentado tres denuncias penales contra exfuncionarios del gobierno estatal, además de dos denuncias de responsabilidad administrativa.
“El proceso no depende de una autoridad estatal, sino que está en manos de la autoridad federal. Los tiempos y mecanismos los determina la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que hablar de una posible recuperación de los recursos sería apresurado”, señaló Morales Guerrero. “En este momento, no tenemos certeza de cómo se resolverá, pero esperamos que sea favorable”, agregó.
La funcionaria explicó que el análisis de la información relacionada con la inversión fallida se completó en octubre y noviembre de 2023, y que los hallazgos fueron entregados a la FGR y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Según la Secretaría de Finanzas, dichos hallazgos podrían indicar la existencia de conductas contrarias a la normatividad en materia financiera.
En paralelo, se ha dado seguimiento al proceso de liquidación judicial de Accendo Banco, que se tramita ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Civil de la Ciudad de México (Cdmx).
De acuerdo con el portal de Liquidación Judicial de Accendo Banco, hay 407 acreedores reconocidos por la autoridad judicial, quienes están en proceso de liquidación por un monto total que asciende a cinco mil 840 millones de pesos.
Morales Guerrero destacó que el personal de la Secretaría de Finanzas ha acudido de manera regular a la Cdmx para colaborar en la integración de la carpeta de investigación ante la FGR y en la revisión del expediente judicial relacionado con la liquidación. Estas visitas se realizan al menos una vez a la semana para dar seguimiento puntual.
Además, la Secretaría de Finanzas tomó medidas preventivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, mediante la implementación de acciones de mitigación de riesgo.
En cuanto a las auditorías realizadas por la dependencia, Morales Guerrero informó que se han detectado presuntas violaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación con el manejo de las finanzas estatales.
Dichas irregularidades habrían intentado ocultar el impacto negativo en las finanzas del Estado. Esta información también fue puesta en conocimiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se tomen las acciones legales correspondientes.
“La Secretaría de Finanzas ha desahogado todos los requerimientos de información que nos han solicitado tanto la FGR como la FGE, y hemos entregado toda la documentación y los datos que estaban a nuestro alcance”, afirmó Morales Guerrero.
La funcionaria también destacó que la Secretaría ha comparecido en calidad de “tercer interesado” en los procedimientos de responsabilidad administrativa que se siguen contra los exservidores públicos ante la SFP.
Para concluir, enfatizó que, por el momento, no existen más acciones pendientes de realizar por parte de la Secretaría de Finanzas, por lo que las denuncias penales y los procedimientos administrativos están en manos de las autoridades competentes.
“Ahora corresponde a ellas resolver los casos, y nosotros estaremos atentos a cualquier requerimiento de información o resolución que se tome”, concluyó.
El proceso continúa bajo la supervisión de las autoridades federales, y se espera que en el futuro cercano se determinen los resultados de las investigaciones y el destino de los recursos perdidos en esta fallida inversión.
