“No hay omisión, pero tampoco hay persecución”, aseguró el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, al informar que en lo que va del año han sido sancionados 36 servidores públicos de distintas áreas del gobierno estatal.
Durante una rueda de prensa, el mandatario anunció que ya se trabaja en la elaboración de una Ley Anticorrupción, cuyo objetivo es erradicar trámites irregulares y evitar que funcionarios utilicen su cargo para obtener beneficios indebidos.
Armenta señaló que desde el inicio de su administración se estableció el compromiso de combatir la corrupción. Como parte de este esfuerzo, se han abierto 478 expedientes de investigación, los cuales están distribuidos en los 22 órganos internos de control del estado.
“En 2025, estos 471 expedientes incluirán posibles responsabilidades administrativas por omisiones, incumplimientos y presuntos actos de corrupción”, precisó el gobernador.
En cuanto a las sanciones impuestas hasta ahora, detalló que de los 36 funcionarios castigados:
- 2 han sido destituidos,
- 22 inhabilitados,
- 1 amonestado públicamente,
- 10 han recibido amonestaciones privadas, y
- 1 ha sido suspendido temporalmente.
Sin embargo, el gobernador no dio una fecha concreta para la presentación formal de la nueva Ley Anticorrupción, la cual deberá ser discutida y avalada por el Congreso del Estado.