El Congreso de Puebla aprobó recientemente una reforma al Código Penal local en materia de ciberseguridad, conocida en redes sociales y por sectores de la oposición como la “Ley Censura”.
La iniciativa, impulsada por el gobierno de Morena y avalada de forma expedita por la mayoría legislativa, ha sido duramente criticada por organizaciones civiles, periodistas y partidos opositores, quienes advierten que podría ser utilizada para restringir la libertad de expresión y perseguir a críticos del gobierno estatal.
La ley tipifica delitos como ciberasedio, espionaje digital, usurpación de identidad, hacking, y grooming. En el caso del ciberasedio, se establecen penas de entre once meses y tres años de prisión, además de sanciones económicas, para quienes “insulten, ofendan o agravien” de manera persistente a través de medios digitales. Las penas aumentan si las víctimas son menores de edad.
Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla señalaron que los delitos propuestos presentan definiciones vagas, lo que contraviene la precisión y claridad en materia penal. También advirtieron que la falta de consulta con especialistas podría derivar en una aplicación arbitraria de la ley, afectando de manera particular a periodistas y medios de comunicación que investigan o critican al gobierno.
En ese sentido, el caso de la cuenta anónima “Aldea Poblana”, crítica del gobernador Alejandro Armenta y su gabinete, ha sido citado como un posible objetivo de esta legislación. Columnistas locales acusan al gobierno estatal de reactivar esta iniciativa con el objetivo de identificar y sancionar a quienes están detrás de dicha cuenta, bajo el argumento de que han ejercido violencia digital contra funcionarias, como Gabriela Sánchez, secretaria del Deporte y la Juventud.
¿Qué dice la oposición sobre la #LeyCensura?
Durante la sesión legislativa, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, como Susana Riestra, Rafael Micalco y Delfina Pozos, señalaron que esta ley representa un intento de censura y control sobre la crítica pública. El proceso fue calificado como “fast track” y sin participación ciudadana, una práctica que se ha vuelto recurrente en el Congreso poblano.
Por su parte, el gobierno estatal defiende la reforma como una herramienta para combatir la violencia en línea y proteger a las víctimas de agresiones digitales. No obstante, la falta de debate público y la ambigüedad en los términos legales han generado preocupación sobre su legitimidad y verdadero propósito.
De 2018 a 2024, Artículo 19 documentó 22 procesos judiciales contra periodistas en Puebla, lo que refuerza el temor de que esta nueva legislación pueda convertirse en un mecanismo de hostigamiento legal contra la prensa crítica y la ciudadanía digitalmente activa.
