Puebla ocupa el segundo lugar nacional en discriminación hacia la comunidad LGBT+, pero no existen cifras oficiales sobre asesinatos por crímenes de odio.
En el marco del mes del orgullo, colectivos locales y organizaciones nacionales denuncian la persistente violencia y la falta de voluntad institucional para atender esta problemática.
Mientras colectivos como Vida Plena han documentado 85 crímenes de odio desde 2001 hasta la fecha, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT reporta solo 32 asesinatos en Puebla de 2014 a 2024, principalmente contra personas homosexuales. Esta discrepancia evidencia la ausencia de un registro oficial y confiable, así como una subrepresentación de la violencia hacia personas trans, quienes, según los colectivos, son las principales víctimas.
De los 85 casos documentados por Vida Plena, 50 corresponden a personas trans, asesinadas con altos niveles de violencia, lo que se clasifica como transfeminicidios. Sin embargo, este delito no está tipificado en el Código Penal del estado, lo que imposibilita que los crímenes se investiguen y sancionen adecuadamente.
Adán Cuamatzi, representante de Vida Plena, hizo un llamado urgente para que se reconozca legalmente esta figura y se actualice la legislación: “La actual Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación está obsoleta e insuficiente. Necesitamos una nueva ley que contemple las realidades de nuestra comunidad”.
Recordaron que el asesinato de la activista trans Agnes Torres, en 2013, llevó a la aprobación de la ley vigente, pero 12 años después, los discursos de odio y los asesinatos de personas trans continúan sin freno.
Por su parte, Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad en la Cámara de Diputados, denunció que más de 100 denuncias por discriminación no han avanzado en Puebla debido a trabas administrativas. Señaló que la diputada Gabriela Chumacero Rodríguez ya presentó una iniciativa para reformar la ley, pero hasta ahora, el Congreso local no ha dado seguimiento.
“La falta de operatividad legal y de presupuesto específico ha dejado en la indefensión a las víctimas de discriminación y violencia. Es urgente establecer mecanismos eficaces y accesibles”, declaró López Vela tras su participación en la marcha del orgullo LGBT+ en la capital poblana.
En medio de esta crisis de representación y justicia, la comunidad LGBT+ exige al Estado reconocimiento legal, protección real y políticas públicas efectivas, para frenar una violencia que, aunque documentada por la sociedad civil, sigue siendo invisibilizada institucionalmente.
