La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Irene Olea Torres, expresidenta municipal de Izúcar de Matamoros, por el delito de intimidación en agravio de testigos del caso de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, detenidas y torturadas por policías municipales durante la marcha del 8 de marzo de 2023.
Sin embargo, el juez federal desestimó imputarle el delito de falsificación de documentos.
La audiencia inicial, que se prolongó por más de cuatro horas, concluyó con la ratificación de medidas cautelares contra la exalcaldesa morenista, quien tiene prohibido acercarse a las periodistas y a las testigos del caso, entre ellas tres extrabajadoras del Ayuntamiento que las apoyaron.
En un video difundido en redes sociales, Michelle Hoyos informó que el juez aceptó las pruebas sobre actos de hostigamiento cometidos por Irene Olea contra exempleadas municipales, incluyendo a Socorro Barrera, quien fue ejecutada el 20 de junio de 2024.
El juez ordenó el inicio de la etapa de investigación complementaria, que concluirá en agosto, mientras que la defensa de las víctimas anunció que apelará la resolución que desestimó el cargo de falsificación de documentos.
Michelle también denunció que durante la audiencia el juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez incurrió en actos de revictimización, lo que podría derivar en una queja formal.
Cabe recordar que el caso se remonta a marzo de 2023, cuando Natalie y Michelle Hoyos denunciaron su detención arbitraria en el contexto de la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
En mayo de 2025, el Tribunal Colegiado del Sexto Distrito revocó medidas cautelares anteriores y ordenó prisión preventiva justificada para seis de los 11 funcionarios municipales implicados, entre ellos cinco policías —cuatro hombres y una mujer— y el exjuez municipal Jesús Venancio Castro.
La audiencia intermedia por la segunda causa penal contra servidores públicos ya vinculados por el delito de falsificación de documentos se realizará en julio.
