El coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, reveló que de 2024 a la fecha se han acumulado alrededor de mil 500 carpetas de investigación relacionadas con ciberdelitos en Puebla que no habían podido judicializarse, debido a que no existía una tipificación adecuada en el Código Penal estatal.
Durante la rueda de prensa estatal, recordó que, antes de la entrada en vigor de la Ley de Ciberasedio, ninguna de estas carpetas pudo avanzar en el sistema de justicia por la falta de un marco legal que reconociera estas conductas como delitos.
Sólo dos casos llegaron a judicializarse, pero fueron por delitos distintos al ciberacoso.
Subrayó que Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en incidencia de ciberdelitos, por lo que la nueva ley busca proteger los derechos de todas las personas en el entorno digital.
“Esta ley tiene como objetivo cuidar y proteger a todos frente a situaciones como el bullying en redes sociales, que en algunos casos han llevado a jóvenes al suicidio”, afirmó.
La libertad de expresión no está en riesgo, afirma
En relación con las críticas a la Ley de Ciberasedio, García Parra enfatizó que es falso que esta legislación limite la libertad de expresión o impida denunciar actos de corrupción de servidores públicos.
“Decir que con esta ley ya no se podrá criticar la falta de resultados de un funcionario es totalmente falso. Están obligados a rendir cuentas. También es falso que las madres víctimas de violencia no puedan exigir la pensión alimenticia de sus hijos”, sostuvo.
Finalmente, recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha respaldado el llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para garantizar la libertad de expresión en todo el país, incluyendo la revisión de marcos legales que podrían criminalizarla bajo delitos contra el honor.
