Aunque el gobierno del estado logró cancelar anticipadamente la deuda del Museo Internacional del Barroco (MIB), las investigaciones en contra de funcionarios que favorecieron a empresarios mediante este proyecto cultural continuarán, advirtió el coordinador de gabinete, José Luis García Parra.
Durante la firma del convenio que libera al estado de pagar 10 mil millones de pesos hasta 2039 —quedando el pago final en dos mil millones— García Parra subrayó que el contrato original comprometía recursos públicos sin estar debidamente acreditado ante la Secretaría de Hacienda, generando una deuda oculta que afectaría las finanzas estatales por años.
“Hay servidores públicos que entregaron contratos en condiciones lesivas para el Estado, y por eso las indagatorias seguirán su curso”, señaló el funcionario.
El museo, inaugurado en 2016, había sido proyectado como un detonante turístico y económico para la entidad. Sin embargo, no cumplió con las metas de afluencia.
Aunque se estimaban 700 mil visitantes para 2025, en los últimos años apenas se han contabilizado 14 mil, una cifra incluso menor a la de museos locales como el Museo Regional de Cholula, el Museo de la Evolución o la Biblioteca Palafoxiana.
Hugo Domínguez, subsecretario de Egresos, detalló que el MIB fue financiado en dos etapas: una primera fase de construcción por mil 740 millones de pesos —con 500 millones aportados por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadi)—, y una segunda etapa de operación con pagos anuales por 312 millones de pesos, monto que crecía año con año debido a la inflación.
El contrato comprometía el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) hasta 2039, algo que, según García Parra, “nunca debió permitirse”.
“Este esquema de contrato significa uno de los esquemas, que impulsa una gran deuda oculta, que no está acreditada, ni registrada en la Secretaría de Hacienda, por las características que tiene que son obligaciones de pago. Tenemos comprometido el Impuesto Sobre la Nómina hasta el 2039”, dijo.
El gobierno estatal aseguró que con la terminación anticipada del contrato se protege el interés público, pero reiteró que se buscará fincar responsabilidades a quienes usaron recursos públicos para favorecer a empresas bajo esquemas de endeudamiento oculto.
