La concesionaria Agua de Puebla anunció que continuará el proceso legal contra Renato Romero, líder del movimiento opositor a la cesión de un pozo de agua en el municipio de San Miguel Xoxtla, por los daños causados a la red de drenaje de la empresa durante una protesta.
A través de un comunicado de prensa, la empresa fijó su postura tras la liberación del activista y el cambio en las medidas cautelares que le permitieron salir del penal.
La concesionaria confió en que el proceso se resolverá conforme a derecho, y pidió que se tomen en cuenta los daños registrados el pasado 28 de mayo, cuando, según la empresa, además de afectaciones materiales, personal operativo fue agredido.
“Agua de Puebla mantiene activa su participación en este proceso y confía en que las autoridades resolverán conforme a derecho los hechos ocurridos el pasado 28 de mayo, cuando personal e instalaciones de esta empresa fueron objeto de agresiones y daños materiales en el municipio de San Miguel Xoxtla”, señaló la empresa en el comunicado.
El director general de la concesionaria, Jordi Bosh Bragado, afirmó que la empresa defenderá sus derechos legalmente y sin estridencias, en nombre tanto de la compañía como de las familias afectadas por los hechos.
Comunidad rechaza concesión; activista sale libre
A principios de junio, Agua de Puebla ofreció al municipio de Xoxtla una inversión de 20 millones de pesos para rehabilitar la red de agua potable, así como un diagnóstico técnico para identificar fallas. Sin embargo, la comunidad rechazó la propuesta de concesionar el pozo 4, lo que ha generado tensión entre habitantes y la empresa.
Renato Romero fue detenido el pasado 1 de julio y permaneció más de 48 horas en el penal de San Pedro Cholula, acusado de daño en propiedad ajena y despojo agravado, tras participar en una manifestación en defensa del agua en Xoxtla.
Segob pide cambio de medidas cautelares
Su liberación, ocurrida el jueves 3 de julio, se dio luego de un pronunciamiento de la Secretaría de Gobernación estatal, que solicitó garantizar sus derechos humanos y revisar las medidas cautelares impuestas.
El titular de la Segob en Puebla, Samuel Pala, explicó que la solicitud se enmarca en los mecanismos federales de protección a defensores de derechos humanos, los cuales también aplican en el ámbito estatal. El objetivo, dijo, es reforzar la seguridad de personas en riesgo por su labor social.
“Este mecanismo busca garantizar la integridad física de personas en riesgo, fomentar la colaboración entre víctimas, organizaciones y autoridades, así como promover acciones que fortalezcan la defensa de los derechos humanos”, declaró el funcionario.
La decisión también fue influenciada por la intervención de la activista y periodista Claudia Martínez Hernández, quien durante una conferencia del gobierno estatal pidió al gobernador Alejandro Armenta la liberación del defensor ambiental, detenido por la Fiscalía de Puebla bajo los cargos de despojo y daño en propiedad ajena.
