El Congreso del Estado comenzó los trabajos para construir una iniciativa única de revocación de mandato, en coordinación con el equipo jurídico del gobierno estatal, retomando la propuesta impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier durante su etapa como senador.
En entrevista, la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, confirmó que el Poder Legislativo ya recibió el documento enviado por el mandatario, el cual plantea la incorporación de este mecanismo de participación ciudadana, tanto para gobernadores como legisladores.
La propuesta será unificada con la que presentará el diputado de Morena, Julio Huerta Gómez, quien es presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
“Nos vamos a sentar con el equipo jurídico del gobernador para construir una sola iniciativa que sea producto de dos propuestas. La semana pasada se bajó del orden del día, pero ahora la intención es avanzar en conjunto”, explicó el legislador.
Revocación a la mitad del mandato, con aval ciudadano
Huerta Gómez subrayó que la iniciativa busca armonizar la legislación local con la Ley Federal de Revocación de Mandato, y que su aprobación permitiría que, a la mitad de cualquier sexenio, pudiera convocarse una jornada para decidir si una autoridad debe continuar o no en el cargo.
Para activar este mecanismo, aclaró, es indispensable una solicitud ciudadana formal ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).
“Debe haber una petición de la ciudadanía. Esto es un derecho, no una obligación”, puntualizó.
El legislador detalló que, en esta primera etapa, la ley aplicaría únicamente para la figura del gobernador, aunque no descartó que en el futuro pueda extenderse a presidentes municipales, lo cual, dijo, dependerá del análisis de viabilidad, dado lo breve de su mandato.
“Es un tema que puede revisarse, pero habría que evaluar si aplica en el caso de los ayuntamientos, por la duración de sus administraciones”, añadió.
La legislación sobre revocación de mandato en Puebla responde a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena a los congresos estatales legislar en la materia para cumplir con los lineamientos federales.
