El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que se emitió un ultimátum a las empresas privadas encargadas de brindar vigilancia en plazas comerciales, debido a múltiples irregularidades detectadas en sus operaciones.
En caso de no atender las observaciones emitidas por la autoridad estatal, advirtió que se procederá a la clausura definitiva de aquellas compañías que no cumplan con los estándares establecidos.
“Les dimos un tiempo prudente para que reconsideren todos los señalamientos que se les hicieron. La empresa que no cumpla recibirá la sanción correspondiente, que es el cierre de su operación”, advirtió el funcionario estatal.
Este pronunciamiento se da luego del homicidio de un ciudadano estadounidense el pasado 5 de julio en la plaza Solesta, hecho que detonó una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en espacios de alta afluencia, particularmente aquellos bajo resguardo de compañías privadas.
Sánchez González puntualizó que, si bien la seguridad al interior de estos complejos corresponde principalmente a las empresas privadas, la SSP tiene la responsabilidad de regular su funcionamiento.
Durante reuniones sostenidas recientemente, se notificaron a varias compañías sobre diversas irregularidades que comprometen su capacidad para brindar un servicio adecuado.
“La mayoría de las empresas que operan en la ciudad de Puebla y en la zona metropolitana tienen observaciones importantes (...) muchas no cumplen con los requerimientos básicos para ofrecer servicios de seguridad”, explicó.
El secretario reconoció que por la cantidad de centros comerciales existentes en la capital y su área conurbada, es inviable que las autoridades estatales garanticen presencia permanente en cada uno.
No obstante, subrayó que se mantiene un esfuerzo coordinado con municipios para reforzar la vigilancia en estos sitios.
“Quisiéramos estar en todas las plazas, pero son muchas. Aun así, realizamos esfuerzos permanentes y mantenemos presencia en varios puntos estratégicos”, concluyó.
Más de 400 patrullas en mal estado
El vicealmirante reveló que la dependencia recibió 460 patrullas en mal estado o abandonadas, por lo que hicieron una evaluación técnica para determinar cuáles podían repararse y reincorporarse al servicio.
Sánchez González dijo que también se revisó el estado de los elementos operativos que estaban asignados temporalmente a otras tareas institucionales.
Tras el diagnóstico, se logró recuperar 30 unidades operativas y reincorporar a 200 elementos que se encontraban bajo custodia de otras dependencias.
Explicó que muchas de estas patrullas y personal estaban adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por lo que sostuvieron reuniones con ambas instituciones para revisar los convenios de resguardo y evaluar la viabilidad de su reincorporación a las labores operativas de seguridad pública.
