Tras casi dos años de conflictos legales y venta irregular de terrenos, el Ayuntamiento de Puebla, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, ejecutó un operativo en la zona de La Covadonga que resultó en la demolición de al menos 15 construcciones y la recuperación de ocho hectáreas de terreno invadido.
El operativo se llevó a cabo la madrugada del viernes 19 de julio en un predio ubicado en el kilómetro 13.9 de la colonia Ignacio Zaragoza, en cumplimiento de una resolución judicial emitida el 15 de julio por el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo 257/2025-III.
La zona había sido ocupada desde abril de 2023 por un grupo armado autodenominado “Los Inmaculados”, relacionados con una purificadora de agua, que invadió un terreno de 22 hectáreas perteneciente a la Fundación Julita y Antonio del Valle.
Desde entonces, la organización delictiva inició la venta fraudulenta de lotes, defraudando a al menos un centenar de personas con pagos de hasta 250 mil pesos.
A pesar de las denuncias presentadas por la fundación y las advertencias públicas hechas por su representante legal, Jesús González Schmal, durante la pasada administración municipal, las autoridades no lograron frenar la ocupación y construcción de viviendas en la zona, argumentando complicaciones legales debido a que el predio se encuentra en los límites entre Puebla y Tlaxcala.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Puebla reveló que funcionarios del Registro Público de la Propiedad de Cholula y del área de Catastro de Cuautlancingo estuvieron coludidos con el grupo invasor, facilitando la venta irregular de terrenos mediante la falsificación de documentos oficiales.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, confirmó que el operativo se desarrolló sin incidentes.
“Recibimos la solicitud judicial, planeamos el operativo en conjunto con los gobiernos municipal y federal, y se ejecutó sin confrontaciones. Se garantizó la seguridad en todo momento”, declaró.
Sin embargo, el sábado 20 de julio, un grupo de personas afectadas se manifestó en la zona para exigir indemnización por las viviendas demolidas.
Alegaron que el operativo fue arbitrario y que el terreno pertenece al estado de Tlaxcala, por lo que las autoridades de Puebla no tendrían jurisdicción.
Ante las protestas, el gobierno municipal, a través de la Secretaría General de Gobierno que dirige Franco Rodríguez, estableció una mesa de diálogo con los inconformes. Ambas partes acordaron reunirse el próximo martes a las 11:00 horas para buscar alternativas de solución al conflicto.
Las autoridades reiteraron que el objetivo del operativo fue cumplir con la ley, recuperar un predio invadido ilegalmente y desarticular una red de fraude inmobiliario que operaba con respaldo de funcionarios corruptos.
Proponen 12 años de cárcel para invasores de predios
En días recientes, el diputado de Morena, Andrés Villegas presentó una iniciativa para castigar con hasta 12 años de prisión la invasión de terrenos.
Esta reforma al Código Penal de Puebla tiene el objetivo de frenar y sancionar de este tipo de actos que —según el legislador— afectan la seguridad jurídica, el orden y la propiedad privada en la entidad.
La propuesta legislativa plantea imponer entre siete y doce años de prisión a quienes organicen, dirijan o induzcan invasiones de predios en cualquier punto del estado.
Sin embargo, si las invasiones tienen como objetivo fraccionar, lotificar o comercializar las tierras invadidas, o si se detecta que autoridades o funcionarios públicos están involucrados, las penas se agravarían hasta en una mitad, es decir, podrían ir de 10 años y medio a 18 años de cárcel.
Aunque dijo que esta iniciativa no trae dedicatoria, integrantes de Antorcha Campesina son conocidos por invadir y adueñarse de predios en distintos puntos del estado.
