La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió las operaciones de un autolavado ubicado en el estacionamiento del centro comercial Angelópolis en Puebla, por incurrir en prácticas abusivas y violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La acción fue tomada luego de que una joven denunciara en redes sociales que el establecimiento intentó cobrarle 9 mil pesos por un servicio de limpieza vehicular, a pesar de que ella solicitó el paquete más económico, cuyo costo era de 140 pesos.
La usuaria relató a través de TikTok que, tras expresar claramente que no deseaba ningún servicio adicional, los encargados del autolavado le informaron que habían aplicado un recubrimiento especial de teflón a su vehículo, sin su autorización.
Al negarse a pagar el monto exigido, fue rodeada por varios empleados del lugar, quienes intentaron intimidarla.
Temiendo por su seguridad, la joven decidió pagar mil 900 pesos —cantidad menor a la inicialmente exigida— para poder retirarse del sitio, sin alertar a su familia sobre lo ocurrido por temor a preocuparlos.
Tras la denuncia viral, Profeco emitió una tarjeta informativa en la que confirmó que se trataba del establecimiento Park Autolavado, S.A. de C.V., razón social de Park & Shine, y que durante una visita de verificación se constataron diversas irregularidades, entre ellas:
- Cobros desproporcionados no autorizados ni explicados previamente.
- Información comercial confusa en los tickets, sin claridad sobre los servicios ofrecidos ni los términos y condiciones.
- Omisión de datos del proveedor del servicio.
Ante estos hallazgos, la dependencia procedió a la suspensión de la comercialización de bienes y servicios como medida precautoria, para evitar que otros consumidores fueran víctimas de abusos similares.
En el establecimiento se colocaron dos sellos de suspensión, los cuales impedirán que vuelva a operar hasta que se subsanen las irregularidades y se cumplan los requerimientos establecidos por la autoridad, incluida una posible sanción económica.
Profeco reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de abusos y recordó que todos los proveedores están obligados a respetar los derechos de los consumidores, brindar información clara y transparente, y abstenerse de aplicar cargos no autorizados.
