El secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, Franco Rodríguez Álvarez, llamó a los afectados por el desalojo en el predio de La Covadonga a emprender denuncias contra quienes presuntamente los engañaron y abusaron de su buena voluntad.
En entrevista, el funcionario explicó que este martes se recibió en el Ayuntamiento a una comisión de vecinos, acompañados por sus representantes legales, quienes aportaron información adicional sobre el conflicto.
No obstante, afirmó que el principal problema radica en que los documentos que les fueron entregados fueron emitidos en el estado de Tlaxcala, lo que complica su validez para acreditar la posesión del terreno en Puebla.
“Los documentos que tienen no corresponden a los predios intervenidos. Fueron generados en Tlaxcala y no tienen validez sobre este territorio. Por eso deben recurrir a la vía legal para defenderse”, precisó Rodríguez Álvarez.
El secretario también aclaró que al momento de la demolición no se encontró a personas habitando las viviendas.
Subrayó que las acciones se llevaron a cabo por solicitud del propietario legal del predio, la Fundación Julita y Antonio, quien obtuvo una resolución judicial que autorizaba la recuperación del terreno.
“Las autoridades municipales sólo brindamos acompañamiento con seguridad pública, como lo marca la ley, para garantizar que se cumpliera con la orden del juez”, señaló.
Por su parte, el presidente municipal, José “Pepe” Chedraui, afirmó que su gobierno está comprometido en esclarecer la situación y brindar apoyo a las personas afectadas, quienes se manifestaron el lunes en las inmediaciones del Palacio Municipal, algunas de ellas presuntamente encapuchadas y armadas.
“Los atendemos con gusto, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que todos y todas tengan lo que merecen (…) hay gente que nos dice que tienen escrituras, pero son predios en Tlaxcala que no concuerdan con los predios intervenidos”, expresó.
Cabe recordar que los terrenos de la ex hacienda La Covadonga estaban destinados a la construcción de espacios para la atención de grupos vulnerables.
Sin embargo, en 2023 fueron invadidos por presuntos grupos de choque denominados “Los Inmaculados”, quienes levantaron construcciones irregulares y lotificaron el área en más de 400 predios, que llegaron a venderse en montos superiores a los 200 mil pesos.