La empresa Agua de Puebla tendrá que comparecer ante el Congreso local para informar sobre el cumplimiento de sus compromisos, luego de las constantes quejas ciudadanas por la mala calidad del servicio en la capital, confirmó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez.
En entrevista tras la ceremonia por el 239 aniversario del natalicio de Nicolás Bravo, realizada en el Paseo Bravo, la legisladora adelantó que durante esta semana se buscará a los directivos de la concesionaria para acordar la dinámica de la comparecencia, la cual se prevé realizar a finales de septiembre.
Explicó que el objetivo es que la empresa rinda cuentas de manera periódica, por lo que la primera comparecencia será este mes y posteriormente deberá presentarse cada cuatro meses, es decir, nuevamente en enero o febrero de 2026.
“La idea es que se cumpla con los compromisos adquiridos y con los acuerdos establecidos, porque esto nos permitirá dar seguimiento y evitar que la situación se siga agravando”, subrayó García Chávez.
La diputada de Morena sostuvo que una gran parte de la población de la capital carece de un servicio de calidad y que la cobertura tampoco alcanza a todos los municipios contemplados en el convenio.
“El agua es un derecho, no solo un servicio de una empresa. Hemos escuchado a la gente que sigue con esta problemática y por eso decidimos reforzar la vigilancia, para que nunca más se ponga en riesgo el derecho al agua de los poblanos”, enfatizó.
Avanza armonización de ley contra la extorsión
En otro tema, la presidenta del Congreso local informó que Puebla armonizará la Ley General contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de una estrategia nacional para combatir este delito de alto impacto.
Señaló que la reforma será una prioridad en el próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el 15 de septiembre, y recordó que ya existe un proyecto aprobado en el pleno que será retomado para garantizar su votación unánime.
García Chávez precisó que la iniciativa busca otorgar al Congreso de la Unión las facultades constitucionales para expedir una legislación general que homologue el tipo penal y fortalezca la persecución de este delito que, dijo, “ha lastimado a muchas poblanas y poblanos”.