En Puebla, 31 magistrados y alrededor de 130 jueces deberán someterse a votación en la elección programada para el primer domingo de junio de 2027, confirmó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Belinda Aguilar Díaz.
En entrevista, señaló que el Poder Judicial ya trabaja en la actualización normativa y legal para garantizar que el proceso se realice de manera democrática, transparente y conforme a derecho.
“Se prepara el Tribunal para la renovación. Nos toca en 2027. Estamos actualizando las leyes secundarias y hemos participado activamente. Será una transición como debe ser”, afirmó.
Aguilar Díaz subrayó que, al igual que en el ámbito federal, Puebla vivirá por primera vez una elección de esta naturaleza en el Poder Judicial local.
IEE proyecta gastos millonarios
De manera paralela, el Instituto Electoral del Estado (IEE) ya planifica el aspecto financiero para organizar este proceso.
La presidenta del organismo, Blanca Cruz García, informó que en 2025 solicitarán un presupuesto ordinario de 87 millones de pesos, al que posteriormente se sumará un presupuesto extraordinario que contemplará los recursos necesarios para la elección judicial y la intermedia de 2027.
Explicó que aún faltan reformas a las leyes secundarias, al Código Electoral y a la normatividad que regula al Poder Judicial, lo que permitirá definir aspectos clave como la delimitación de distritos, el número de cargos a elegir y la instalación de consejos.
“Necesitamos saber los cortes geográficos, cuántos cargos son elegibles. Hasta tener esa definición podremos presupuestar, porque no se sabe cuántos consejos se van a instalar ni los recursos que requerirán en materia de vehículos, arrendamientos o personal”, detalló.
Entre los rubros más costosos, Cruz García mencionó la compra y renta de vehículos, así como el arrendamiento de al menos 217 inmuebles para instalar los consejos municipales.
A ello se suma el equipamiento con mobiliario, papelería, computadoras y la contratación de personal eventual.
De acuerdo con el IEE, el proceso de 2027 implicará una inversión mayor a la habitual, pues además de la organización de la elección judicial se deben cubrir los gastos tradicionales de las intermedias, como la instalación de casillas, impresión de documentación, producción de material electoral, contratación de supervisores y capacitadores, así como la logística del levantamiento de votos.