El gobierno de Puebla enfrenta 10 litigios prioritarios derivados de contratos firmados hace más de una década y que no fueron liquidados en administraciones pasadas, cuyo impacto económico podría ascender a 3 mil 500 millones de pesos, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.
El funcionario explicó que, al inicio de la actual administración, se detectaron más de 100 demandas activas promovidas por empresas privadas, relacionadas con contratos celebrados hace casi 20 años, muchos de ellos sin un cierre administrativo formal. Aunque los montos son variables, el riesgo financiero para el estado es de “miles de millones de pesos”, advirtió.
Dentro de ese universo de juicios, el gobierno estatal identificó 10 casos de alta prioridad, cuyo valor conjunto ronda los 3 mil 500 millones de pesos, una cifra que, de concretarse, representaría un golpe severo a las finanzas públicas.
García Parra detalló que tres de esos litigios ya cuentan con sentencias judiciales firmes, emitidas en los años 2013, 2015 y 2023, por un monto aproximado de mil millones de pesos. No obstante, señaló que el gobierno mantiene diálogo con al menos tres empresas para buscar la conciliación, particularmente en el tema de intereses, y así reducir el impacto económico.
Más allá de los montos, el coordinador de Gabinete reveló que en la revisión de los expedientes se identificó un modus operandi recurrente entre empresas privadas y exfuncionarios públicos, quienes avalaron obras inexistentes, conceptos fuera de catálogo y trabajos que nunca se ejecutaron, pero que fueron oficialmente validados y posteriormente incorporados a demandas judiciales para inflar los adeudos.
“Eso fue lo que nos encontramos al llegar a la administración: funcionarios que avalaron obras complementarias inexistentes, montos fuera de catálogo, tramos que nunca se ejecutaron, pero que fueron validados y después incluidos en las demandas, lo que multiplicó el monto que el gobierno tenía que pagar”, explicó.
El funcionario reconoció que, en varios de estos casos, el paso del tiempo provocó que algunas responsabilidades administrativas o penales prescribieran, debido a que los litigios se iniciaron hace años. Sin embargo, aseguró que esto no detendrá la actuación del gobierno estatal.
García Parra adelantó que, aun cuando existan sentencias que obliguen al estado a realizar pagos, se analiza la vía penal contra los socios de empresas involucradas, ya que se detectaron vínculos entre distintas razones sociales que, de manera simultánea, demandan al gobierno.
“Tenemos información de que los integrantes de una empresa forman parte de otras sociedades que también están demandando al estado. Aunque haya sentencias que nos obliguen a pagar, vamos a proceder penalmente contra los socios por presuntos delitos de delincuencia organizada, al haberse coordinado más de tres personas para defraudar al erario”, sostuvo.