Un total de 59 municipios de Puebla no invirtieron ni el 20% de los recursos federales del Fortamun en materia de seguridad pública, una omisión que los coloca en riesgo de enfrentar sanciones administrativas y financieras por parte de la Federación, reveló el secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.
De acuerdo con el funcionario, 47 ayuntamientos destinaron menos del porcentaje mínimo requerido, mientras que 12 municipios no asignaron un solo peso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) a tareas de seguridad, pese a tratarse de un recurso etiquetado para fortalecer capacidades policiales y de prevención del delito.
La información fue dada a conocer durante la rueda de prensa de este martes, luego de una serie de reuniones regionales que el titular de la SSP sostuvo junto con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, con presidentes municipales de distintas microrregiones del estado.
Sánchez González precisó que el corte de la información corresponde a diciembre de 2025, y que en los encuentros se expusieron con claridad las consecuencias legales y administrativas que enfrentan los municipios que incumplen con la obligación de destinar al menos el 20% del Fortamun a seguridad pública.
En contraste, 158 municipios sí cumplieron con la inversión mínima establecida por la normativa federal. Sin embargo, el desglose evidencia rezagos significativos: 22 ayuntamientos destinaron entre el 15 y el 19%; 14 municipios asignaron entre el 10 y el 14%; y 11 apenas invirtieron entre el 1 y el 9% del fondo.
El funcionario advirtió que la falta de inversión en seguridad genera vacíos presupuestales que comprometen la paz social y la capacidad operativa de las corporaciones municipales, particularmente en regiones con mayores índices de incidencia delictiva.
En términos generales, el monto total ejercido por los municipios poblanos en 2025 con recursos del Fortamun fue de 861 millones 418 mil 105 pesos, aunque no todos los ayuntamientos alcanzaron el porcentaje obligatorio.
Sánchez González subrayó que el incumplimiento en la aplicación de estos recursos puede derivar en sanciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cada una en el ámbito de sus atribuciones.
Finalmente, aclaró que las observaciones no se refieren al total del 20% del fondo, sino al porcentaje que cada municipio dejó de ejercer conforme a la normativa federal, lo que abre la puerta a procedimientos de fiscalización y posibles penalizaciones.