El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla sostendrá reuniones con presidentes municipales, diputados locales y federales para verificar que sus gobiernos y acciones legislativas se conduzcan bajo los principios de la Cuarta Transformación y se mantengan alejados de prácticas de corrupción, especialmente en la ejecución de obra pública.
Esta revisión interna se da tras el caso de una obra de alto costo exhibida públicamente por el gobernador Alejandro Armenta Mier en el municipio de Xicotepec, gobernado por el alcalde Carlos Barragán, lo que encendió alertas dentro del partido.
En rueda de prensa, Alfonso Bermúdez Ruiz, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), llamó a los funcionarios emanados de Morena a ejercer el poder con honestidad, transparencia y cercanía con la ciudadanía, al recordar que todos los servidores públicos del partido firmaron un decálogo ético que rige su conducta en el ejercicio del cargo.
Indicó que la consejera estatal Olga Romero Garci Crespo instruyó al Consejo Estatal a supervisar que alcaldes y diputados cumplan cabalmente con estos diez principios, los cuales son obligatorios para quienes gobiernan o legislan bajo las siglas del movimiento.
Dos bloques de reuniones
Las reuniones se realizarán en dos bloques. El primero será con los 54 presidentes municipales electos por Morena en el estado de Puebla. Posteriormente, se convocará a los alcaldes electos en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Un segundo encuentro estará dirigido a diputados locales y federales, con quienes también se revisará el cumplimiento del decálogo y la congruencia de sus decisiones con los principios del movimiento.
Bermúdez Ruiz subrayó que el decálogo debe cumplirse en todos sus puntos, con énfasis en la tolerancia cero a la corrupción, la austeridad republicana y la orientación de la inversión pública y los servicios hacia los sectores más vulnerables.
El dirigente recordó que los lineamientos que rigen a los gobiernos de Morena establecen, entre otros puntos, que los servidores públicos deben servir al pueblo, mantener austeridad, transparentar el uso de recursos, garantizar la paridad de género, fortalecer los servicios públicos, proteger las reservas naturales y no utilizar a las fuerzas policiales para reprimir a la ciudadanía.